Un derecho del elector

Los debates electorales son un derecho de los ciudadanos, como titulares de la función constitucional de participar en los asuntos públicos por medio de representantes. Que muchos votantes se muestren decepcionados con la clase política no significa que renuncien al derecho de confirmar las opciones ya tomadas en diciembre o aclarar las dudas que tienen sobre la posibilidad o la utilidad de votar en junio. Para ello cada vez vale menos bombardearles con monólogos cansinos y eslóganes publicitarios. Es justo y legítimo que la discusión seria entre aspirantes a gobernar clarifique lo que haya de decirse sobre empleo, impuestos, pensiones, regeneración democrática, política exterior o reforma constitucional.

No se puede sustituir el contraste de argumentos ante la opinión pública con las comparecencias individuales en programas de entretenimiento, un procedimiento del que se abusó en las semanas previas a las elecciones navideñas. Por fortuna, los debates ya se han incorporado a una cierta normalidad democrática tras muchos años de resistencias. Por eso sería absurdo limitar la discusión entre las propuestas de los aspirantes; quedarían en evidencia aquellos que no sean capaces de exponerse a argumentos contradictorios. Nadie está libre de tener un mal día ante audiencias millonarias y por eso conviene que haya varios debates y que los participantes los preparen a fondo.

Por supuesto, hay que negociar los detalles: número de participantes, contenidos, duración, escenario físico de los encuentros; pero no es discutible el principio esencial de llevarlos a cabo. Tampoco cabe oponerse al uso generoso de la fórmula en nombre del supuesto cansancio de la audiencia. Si algo revelan los debates entre candidatos a La Moncloa celebrados en campañas anteriores es que atrajeron el interés público.

Discutir ordenadamente en los medios audiovisuales y a través de Internet también es eficaz para abaratar la campaña electoral. Los partidos no se han puesto de acuerdo en las conversaciones realizadas para reducir los gastos, pero son conscientes del escándalo que supondría un derroche de medios económicos dedicados a la organización de costosos mítines, desplazamientos continuos de candidatos con sus séquitos y otros despliegues de aparatos propagandísticos. Buena parte de esas actividades pueden sustituirse por baratas y comunicativamente eficaces comparecencias en debates.

Además, tras la reorganización del marco político operada por las urnas del 20-D y el pobre resultado obtenido en el intento de formar Gobierno, ningún partido está hoy sobrado de apoyos como para renunciar a la movilización de los electores. Hay evidencia demoscópica de que la campaña a las elecciones de diciembre sirvió para decidir el voto de más de un tercio de los ciudadanos, un porcentaje elevado en relación con otros comicios. Ahora, la campaña para las urnas del 26 de junio puede resultar determinante a efectos de sacar de la pasividad a los que vivaquean en la abstención. Por pragmático que parezca, este argumento a favor de los debates debería terminar de decidir a los equipos políticos a convertir la fórmula en el eje de la próxima campaña.