La lista de Panamá
Hacienda tiene que investigar si los titulares de sociedades offshore han incurrido en delito fiscal
La filtración de datos societarios y fiscales del despacho panameño Mossack Fonseca confirma la vacuidad de las promesas enfáticamente realizadas en las cumbres mundiales y europeas celebradas en los inicios de la crisis para acabar, limitar o regular el papel de los paraísos fiscales.
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Frente a la retórica sobre la igualdad fiscal y la persecución del fraude se alza la realidad incuestionable de que existen refugios seguros para quienes quieren ocultar el dinero a las haciendas respectivas mediante el recurso de crear una sociedad offshore (sin actividad empresarial) como depositaria de capitales sujetos a una mínima carga fiscal.
Los nombres más conocidos de la lista de Panamá dan pie al morbo. Naturalmente, cada uno de estos nombres deberá ser investigado y su relación exacta con la evasión fiscal tiene que ser confirmada. En el caso de España, Hacienda ha anunciado la apertura de una investigación para determinar en cada caso si existe delito fiscal (crear sociedades offshore no es ilegal). La comprobación tiene que partir forzosamente del análisis de las declaraciones de bienes en el extranjero (el famoso modelo 720) de los nombres implicados.
Con esa revisión probablemente no basta. Es necesario además conocer las cantidades de dinero tramitadas por las sociedades offshore asociadas a los nombres conocidos. Y aquí es posible que surjan algunas dificultades, porque a la solicitud de información las autoridades panameñas pueden responder que la filtración de datos societarios y fiscales no ha sido legal o que los titulares de las sociedades tienen derecho, según la legislación panameña (casi un paraíso fiscal) al secreto financiero.
Hasta donde lo permita la ley, hay que actuar con la contundencia debida en el caso de la lista de Panamá; lo cual incluye no sólo anunciar que se abre una investigación, como se ha hecho, sino dar cuenta de sus resultados. Pero lo esencial es cerrar el cerco a los paraísos fiscales mediante convenios que obliguen a facilitar la información societaria y fiscal que requieran los gobiernos.
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