Puertas cerradas

El pacto para la expulsión de refugiados mantiene dudas de legalidad y eficacia

Migrantes afganos se calientan en una hoguera el campo de refugiados de Idomeni, en la frontera entre Grecia y Macedonia. REUTERS

La Unión Europea y Turquía han firmado el acuerdo que trata de frenar la llegada masiva de refugiados y migrantes a las costas griegas. El pacto, suscrito por unanimidad, supone un giro en la política europea de asilo y no despeja las dudas que pesaban sobre él en cuanto a legalidad y eficacia. El texto busca salvar las apariencias, para lo que retuerce el espíritu de las leyes; pero en lugar de reforzar la cohesión, lo que hace es poner en evidencia la fragilidad de una UE temerosa de los movimientos xenófobos e incapaz de hacer cumplir sus propios acuerdos.

Para salvar el pacto, Turquía tiene que modificar su normativa, de modo que pueda ser considerado un país seguro. Los reglamentos permiten devolver a terceros países a solicitantes de refugio siempre que estos cumplan los requisitos de la directiva de asilo; entre ellos, que los solicitantes no van a ser perseguidos, no serán deportados al país del que huyen y tendrán las garantías previstas en el Convenio de Ginebra de 1951, como derecho a trabajo, sanidad y educación. Solo los refugiados sirios se benefician ahora de alguno de esos requisitos. Particular preocupación suscita la suerte que puedan correr los refugiados de la comunidad kurda, enfrentada al actual gobierno turco.

El acuerdo deja además sin concretar cómo se realizarán las expulsiones, lo que constituye un verdadero agujero negro. Según lo pactado, Europa devolverá a Turquía “a cuantos migrantes irregulares” lleguen a suelo griego, pero se compromete a reubicar a un número equivalente de entre los refugiados sirios asentados en Turquía, con preferencia para quienes no hayan utilizado la vía irregular. Esta cláusula deja en manos de Turquía modular los flujos; por eso establece un tope de 72.000 sirios anuales, pero esa cifra representa menos de la mitad de los que han llegado este año. La pretensión de reubicación automática parece voluntarista, habida cuenta de que lo que ha originado la crisis es precisamente la incapacidad de repartir a los que ya han llegado.

El acuerdo comenzará a aplicarse a partir del domingo para evitar que se produzca un efecto llamada, y aunque se subraya que no habrá “expulsiones colectivas”, parece poco realista pensar que en apenas unos pocos días la UE será capaz de habilitar el mecanismo que garantice —como establece la actual normativa— que cada solicitante tenga una entrevista, se le abra un expediente y tenga la posibilidad de recurrir la expulsión. Solo así se evitará conculcar el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que prohíbe las expulsiones masivas.

Turquía ha obtenido a cambio una suma adicional de 3.000 millones de euros para los refugiados, la aceleración de los mecanismos de adhesión —aunque en esto ha quedado por debajo de las expectativas— y la exención de visado a partir de julio para los turcos que viajen a Europa. Esto exigirá que Turquía cumpla los 72 requisitos del reglamento de Schengen que hasta ahora era incapaz de completar. Pese a todo el voluntarismo y a tantas lagunas, ni siquiera está claro que el acuerdo vaya a lograr los objetivos que se propone.