El paraíso fiscal recurre a los impuestos

Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado la introducción de un IVA del 5% a partir de 2018. Más controvertido aún, estudia la posibilidad de un impuesto de sociedades. La idea llevaba tiempo circulando entre los responsables económicos de este país que se vende como libre de impuestos. Ahora el descenso de los precios del petróleo ha forzado a las autoridades a tomar la decisión.

No es para menos. Según un informe del Fondo Monetario Internacional, los exportadores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG que además de EAU, incluye a Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Bahréin y Omán) han perdido 300.000 millones de dólares (unos 275.000 millones de euros) por la caída del crudo. Aunque EAU es uno de los países más diversificados de la región, también ha sufrido el efecto de la caída del crudo sobre las empresas que operan desde su territorio, e incluso del descenso del poder adquisitivo de sus vecinos que encuentran un lugar de esparcimiento en su entorno más liberal.

De hecho, todos los miembros del CCG han hablado de introducir impuestos. El problema es que son monarquías absolutas en las que las poblaciones locales no tienen ninguna representación en el Gobierno. Sólo en Kuwait las elecciones parlamentarias tienen algo de peso. Así que de momento se descarta establecer un impuesto sobre la renta, al estilo del IRPF español. EAU espera recaudar 24.000 millones de dírhams (unos 6.000 millones de euros) anuales con el IVA.

Sin embargo, gravar los intercambios comerciales resulta arriesgado cuando la segunda y tercera fuentes de ingresos son el comercio y el turismo, ya que afectará al crecimiento. Además, un eventual impuesto sobre las empresas o las remesas de los trabajadores extranjeros que constituyen el 85% de la población podría ahuyentar a unos negocios que ya pagan un considerable peaje a través de la obligación de contar con un patrocinador local (sponsor). A menudo esta figura exige el 51% de la compañía o un elevado porcentaje de sus beneficios, una forma de imposición fuera de las cuentas estatales y que tampoco recogen los informes del FMI.