Los retos de España tras la Cumbre del Clima de París

Los expertos creen que los países cumplirán sus promesas de mitigación del cambio climático al estar sometidas al escrutinio público

Casi todo el planeta ha participado en la Cumbre del Clima de París. Un total de 195 países se han comprometido a contener o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. España, como miembro de la Unión Europea, deberá contribuir al objetivo que ha avanzado el club comunitario para 2030: reducir en un 40% las emisiones de dióxido de carbono, frente a los niveles de 1990; conseguir que el 27% de la energía proceda de fuentes renovables; y lograr la misma mejoría en eficiencia energética. ¿Qué retos debe afrontar el país para lograrlo? A esta pregunta han respondido los expertos que participaron el pasado viernes en la conferencia Climate futures: the road after Paris, organizada por el Centro de Barcelona para los Asuntos Internacionales (CIDOB) y el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña. Los ponentes, que han debatido acerca de las consecuencias de la Cumbre del Clima creen que la opinión pública presionará para que los países a cumplan sus promesas. De no hacerlo, se juegan su reputación frente al resto de Estados de la COP21.

Los ponentes, reunidos en Barcelona, avanzan una lista de deberes para España. La política energética, por ejemplo, debe ser más coherente. El recorte de las primas a las renovables no solo limitó las posibilidades de crecimiento de estas fuentes de energía. También provocó la pérdida de inversiones en el sector, y redujo el atractivo de España, apunta Luigi Carafa, investigador del CIDOB especializado en política energética y cambio climático: “Los inversores privados necesitan certeza. Si ven que el Gobierno es discontinuo, será más difícil. Es un deber, [porque] hay que apostar por las renovables”. De una opinión parecida es Teresa Ribera, exsecretaria de Estado para el Cambio Climático, quien señala que el país no cuenta “con herramientas que aseguren la coherencia en las políticas”.

Otro reto pasa por la definición de las políticas energéticas. Estas, según Ribera, deberían pasar por “una verdadera transición hacia un modelo eficiente y renovable”, junto a una “reforma de calado del sistema fiscal” para incentivar las “inversiones y consumos eficientes”. De desarrollarse esta política, el país ofrece oportunidades para desarrollar “las energías renovables”, añade Bert Metz, excopresidente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. En particular, el campo de la eficiencia energética, requiere “múltiples políticas” para desarrollar su potencial.

Durante la conferencia los ponentes debatieron acerca de las consecuencias de la COP21. El hecho de que en París se consiguiera incluir “básicamente a cualquier planeta del mundo” sienta un precedente para las próximas cumbres del cambio climático, apunta Miranda Schreurs, directora del Centro de Investigación en Política Ambiental de la Universidad Libre de Berlín. La investigadora compara este acuerdo con el protocolo de Kioto: Los países participantes de aquel pacto incluían el 14% de las emisiones mundiales, frente al 98% de París.

Que el acuerdo se base en compromisos voluntarios es otra razón. Los países, además, “tendrán que pensar en sus propias estrategias” de reducción de emisiones, a la vez que facilitan que “las inversiones vayan a fuentes de energía sostenibles”, avanza Metz. Estas promesas se revisaran cada cinco años, lo que permitirá pactos más ambiciosos “teniendo en cuenta que habrá más información científica [sobre la evolución del clima] y la tecnología habrán mejorado”, añade Schreurs. Los países, además, no pueden revisar a la baja sus compromisos.

Cómo hacer rendir cuentas cuando el acuerdo no es vinculante

Llevar a la práctica los compromisos requiere, sin embargo, mecanismos de supervisión. No está claro, como apunta Carafa, “hasta qué punto [los países] estarán sometidos a la transparencia y la rendición de cuentas, si no se trata de un pacto totalmente vinculante”. Pero la estructura del acuerdo puede ayudar, sostiene Ribera. Al fin y al cabo, “todas las partes aceptan la obligación de dar cuenta de lo que hagan”. E, incluso si los compromisos individuales no tienen fuerza legal, la “reputación” de los Estados está en juego, añade la exsecretaria de Estado para el Cambio Climático: El hecho de que estén sometidos al “escrutinio” de la ciudadanía y de otros países ayudará a su cumplimiento.

Un escollo en este punto es la falta de información comparable sobre los esfuerzos de los países. El hecho de que “no haya una métrica común” para comparar los esfuerzos de cada país dificulta la supervisión, apunta Schreurs. Como también lo hace que “algunos Estados se centren en distintos sectores y objetivos”, añade Carafa.

¿Una promesa a largo plazo?

Para que los esfuerzos contra el calentamiento global tengan éxito, los países deben mantener y mejorar los compromisos que avanzaron. De no hacerlo, apunta Carafa, no solo peligran los esfuerzos públicos en la lucha contra el cambio climático. También las inversiones privadas que representarán una parte de la transición hace un modelo energético sostenible. En el caso de las economías emergentes, además, existe el riesgo de que se vean tentadas a optar por combustibles fósiles para atender a una población creciente, con el riesgo de que estas inversiones les obligarán a emitir gases de efecto invernadero durante décadas: “Durante 20 años tendrás que producir carbón en una central, porque si no económicamente no te sale a cuenta por el ciclo de vida”. Si optan, en cambio, por las fuentes renovables, lo harán a un coste similar o menor, por el desarrollo de la tecnología. Y lograrán atraer inversiones crecientes. “Hay mucha financiación pública y privada, así que cualquier país que se mueva y lo haga bien atraerá un montón de dinero”, resume.

Los inversores apuestan cada vez más por las energías renovables, apunta Shcreurs. Y esto hará difícil que hasta grandes potencias como Estados Unidos puedan dar un giro de 180 grados. “Los republicanos dicen que cambiarán el compromiso de reducir las emisiones [de 7.000 plantas energéticas] en un 30%, pero es difícil que lo hagan porque ya hay constricciones institucionales”, avanza. La opinión pública, asimismo, “obliga a los Estados a desarrollar políticas climáticas”, añade Josep Lluís Llebot, exsecretario de Medio Ambiente del Gobierno catalán.

El tiempo apremia

“Con las tasas de emisión actual” en 20 años se alcanzarán los temidos dos grados de aumento de temperatura, advierte Metz. Pese a esta urgencia, el investigador apunta a que algunas de las potencias que han liderado hasta ahora la lucha contra el calentamiento global, como la Unión Europea, han evitado asumir compromisos más ambiciosos: “Para 2030 han prometido reducir las emisiones al 40%, pero no será suficiente”.

Menos claro aún es que se pueda lograr el objetivo más ambicioso planteado en París –una reducción de 1,5 grados en el objetivo de emisiones–. Para Metz, investigador de la European Climate Foundation, es difícil de saber porque “pocos estudios han mostrado que sea posible”. Llebot es más optimista: “El acuerdo reconoce que para 2030 los países llegarán a las 55 gigatoneladas de emisiones de CO2, más allá de los dos grados. No obstante, esto significa que las partes admiten que vamos en la dirección equivocada. Puede que no sea posible lograr los objetivos hoy, pero sí será posible si lo hacemos en la dirección correcta”.