Una ley sin bandos

La Ley de Memoria Histórica se aprobó en 2007 para reconocer y ampliar derechos a favor de los que sufrieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar. Así se recoge en el articulado. No fue un debate fácil, pero quedó claro que la reparación de la dignidad de las víctimas era para los dos bandos de la contienda. Ahora el debate debe centrarse en si se está aplicando el texto de acuerdo con su letra y espíritu.

No parece que eso haya ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, donde hemos asistido a una suma de despropósitos de manifiesta bisoñez. El colmo ha sido la retirada de una lápida que conmemoraba el fusilamiento de ocho monjes carmelitas y su inmediata recolocación, para subsanar el error, en el cementerio de la capital donde estaba. No ha sido el único desaguisado, y el Consistorio se ha visto obligado a paralizar la retirada de símbolos hasta que se hagan mejor los deberes.

Como a menudo ocurre, en lugar de asistir a un ejercicio democrático de crítica, los ciudadanos han tenido que enfrentarse al oportunismo. La portavoz del PP, Esperanza Aguirre, ha tratado de convertir un desastre organizativo —el de la concejalía de Cultura, más propio de la soberbia que del error— en un asunto de prevaricación por el que pedía para la alcaldesa una inhabilitación para ejercer cargo público de seis a nueve años. Tamaño despropósito desacredita a quien lo impulsa.

Esta ley se aplica tarde y mal por la falta de altura política de algunos representantes públicos que prefieren colgarse galones antes que devolver la dignidad a las víctimas. La norma de memoria histórica se aprobó para adoptar medidas destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, pero parece que nadie se la ha leído.