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Familia o mafia

Ninguna de las actuaciones financieras de los Pujol tuvo respaldo legal

El auto de la Audiencia Nacional convocando a declarar como imputados al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y su esposa Marta Ferrusola, como presuntos implicados en delitos de blanqueo de capitales, resulta escalofriante. La novedad absoluta sobre anteriores resoluciones del proceso es que el juez atribuye a la actuación financiera de los Pujol -Ferrusola todas las marcas de una organización criminal -como pretendía el fiscal, aunque sin calificarla aún de tal.

El juez detecta “pautas comunes de actuación”, “coordinación de actividades”, “asignación de roles”, “distribución o reparto de cantidades multimillonarias entre todos ellos” y un “particular sistema de rendición de cuentas existente para controlar esos repartos de fondos”. Indicios que configurarían a los Pujol como un clan mafioso.

En esa suerte de familia-organización, como la denomina el juez, el patriarca sería el nexo de todos sus componentes, y su hijo Jordi (júnior) el brazo ejecutor. Todo su edificio financiero se construye, indica el auto, sobre un engaño continuado. No ya el de haber ocultado a sus electores durante 34 años su fraude fiscal y su dinero en paraísos fiscales, como reconoció Pujol Soley en su confesión del 25 de julio de 2014. Sino el engaño adicional de que esa misma declaración fue un “mero relato sin contenido determinante” pues “no consta la realidad del legado” presuntamente dejado por su padre, el estraperlista Florenci Pujol. Todo apunta, pues, a que aquella confesión fue un gran teatro que pretendía esconder montañas de dinero de origen incierto, probablemente ilícito.

Quizá sea aún más grave el hecho de que del manejo de la fortuna multimillonaria amasada en secreto por la familia -y movida en paraísos fiscales-no se detecta ni una sola operación honorable. Ninguno de los mencionados negocios derivados del oscuro patrimonio inicial o de los emprendidos por su gestor fue ortodoxo: los pagos a presuntos proveedores fueron por “trabajos ficticios”; estos carecían de los informes y facturas pertinentes; los acuerdos con los presuntos sobornantes eran “verbales”, los fondos de que se apropiaron eran de “origen ilícito”, o “desconocido”, o directamente “criminal”, que “no se pueden justificar”, y en buena parte provenientes de empresas adjudicatarias de la Generalitat que presidía el propio patriarca.

De esa operativa, y de las cantidades ilegítimamente acumuladas, se infiere la eventualidad no ya de una actividad fraudulenta continua, sino de un saqueo sistemático, planeado al milímetro. Por eso, sea cual sea la decisión judicial definitiva, todos quienes creyeron a los corifeos del pujolismo cuando entonaban el repugnante lema de España nos roba harán bien en preguntarse quién era el sujeto del desmán.

Al asumir la Audiencia las averiguaciones de la jueza instructora, concretar la fecha de declaración y preverla en sede judicial, adquiere más relieve. Esta vez Pujol Soley deberá personarse en vez de declarar a domicilio, como en el caso Banca Catalana. Y le será más difícil enternecer, seducir o amparar a jueces, a lo que tan aficionado era su corrupto y condenado abogado, Juan Piqué Vidal.

Por supuesto que hasta que haya sentencia firme impera la presunción de inocencia, y que el derecho penal es garantista, y que entre el indicio y la prueba media un trecho y que incluso puede haber absoluciones por prescripción temporal.

Pero todo ello se refiere al ámbito penal, y ya se verá. De momento, los efectos políticos de los hechos descubiertos son ya, calificación jurídica aparte, políticamente demoledores. Con razón el Parlament de Catalunya despojó de sus títulos y deshonró al antiguo honorable. Qué asco.

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