Un plan para Abengoa
El Gobierno debe tomar un papel activo en la búsqueda de un socio para el grupo en crisis
El preconcurso de acreedores de Abengoa, correctamente definida como una multinacional tecnológica, es una decisión imprescindible para la supervivencia de la empresa y el mantenimiento de más de 24.000 empleos. Este fiasco puede y debe dar pie a reflexiones en torno a los peligros que acechan tras una mala política de endeudamiento empresarial (Abengoa presenta una deuda indigerible de más de 8.900 millones, con un pasivo total que se aproxima a los 25.000 millones), sobre la incapacidad real de la sociedad española para asumir los costes de las tecnologías energéticas avanzadas (el recorte a las primas de las renovables ha influido en el deterioro de la compañía) o sobre la negociación con el grupo Gestamp para sostener a la debilitada Abengoa. Pero lo más urgente es reconocer que Abengoa está en crisis debido a decisiones empresariales incorrectas, excesivamente coyunturales o aplicadas sin la prudencia financiera debida.
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A partir de ahí, la salvación del grupo debe confiarse a los procedimientos reconocidos en las normas concursales: negociación con los acreedores (bancos, bonistas, proveedores) en busca de un acuerdo que evite el mal mayor de una quiebra sonada —sería la mayor de la historia económica reciente en España— y la búsqueda de un socio capaz de reducir la deuda y mantener la viabilidad del grupo. En el primer apartado, la terapia es legal y pretende garantizar a un tiempo que quienes tomaron las decisiones incorrectas hacen frente a su responsabilidad y que se hace lo posible para no cerrar el grupo.
En la segunda vía, la búsqueda de un socio, el Ejecutivo puede tomar un papel más activo. El Gobierno dispone de instrumentos para facilitar la liquidez del grupo si hay un acuerdo final satisfactorio (el ICO); y desde Industria se puede garantizar a un hipotético socio la suficiente estabilidad regulatoria como para que una Abengoa restaurada sea un negocio razonable. Recordemos que, aunque era obligado poner fin a unas primas sobredimensionadas a las tecnologías renovables, la forma como se hizo deja que desear. El plan es posible, pero debe quedar bien claro quién paga la factura de la salvación.
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