Oscuridad estadística

La transparencia estadística es una de las premisas de una Administración democrática. Obstaculizar la difusión de datos constituye una grave perturbación de los propósitos de la información pública; debería implicar una infracción de mayor cuantía, salvo en periodos excepcionales. Además, es un error. En un entorno dominado por una malla vastísima de redes sociales resulta contraproducente limitar la información relevante para los ciudadanos. Suena aún más extravagante que la Administración quiera controlar la información que reciben los organismos encargados de velar por el buen funcionamiento del Gobierno.

Es el caso de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Hacienda elaboró en junio una orden para regular el modo en que la Airef podía acceder a las estadísticas de las distintas Administraciones (Estado, regiones, Ayuntamientos…); cualquier petición de datos, establecía la orden, debe hacerse a través de la Central de Información Económico-Financiera del ministerio, único suministrador autorizado de información. La Airef, ante semejante contrasentido, ha presentado recurso.

Si el Gobierno quiere que la Airef sea independiente, debe reconocerle la potestad de reclamar información estadística a quien le plazca y de forma directa. Si las cuentas proceden de un suministrador único, aumenta el riesgo de manipulación o de ocultación y el organismo, presuntamente independiente, se convierte en un mero transmisor de la imagen que interesa al Gobierno. Los precedentes hacen temer lo peor. Hay que recordar los Gabinetes que practicaron con éxito en el pasado la técnica del apagón estadístico cuando los números desmentían la propaganda oficial. Confiemos en que el recurso dé la razón a la Airef y reconozca su derecho a reclamar los datos. De lo contrario, estaremos ante un organismo (otro más) cuya tarea es propagar el optimismo oficial.