Por un Impuesto a las Transacciones Financieras ambicioso y justo
La recaudación de la “Tasa Robin Hood” debería ir destinada a paliar los efectos de la crisis, luchar contra la pobreza y combatir el cambio climático
Los tiempos de crisis son los más propicios para realizar ajustes para paliar o corregir fallos en el sistema. El contexto actual, por lo tanto, es quizás el idóneo para implementar al fin y de la manera más ambiciosa posible el Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF). Así se demostraría, por un lado, la necesidad de poner más regulaciones al mercado financiero y, por otro, más autoridad por parte de los Gobiernos frente a los mercados.
El impuesto, también conocido como Tasa Robin Hood, sigue siendo objeto de negociaciones en busca de su diseño final. El más ambicioso, y por el que apostamos algunos partidos y la sociedad civil, es el propuesto por la Comisión Europea en 2011, que consiste en aplicar un pequeño impuesto (0,1%) sobre la compra y venta de acciones y bonos, y otro (0,01%) sobre los productos derivados.
Un ITF bien diseñado e implementado no sólo ayudará a controlar, registrar y desincentivar las transacciones más especulativas sino que, además, supondrá un ingreso extra para las arcas de los países en los que se aplique. Esta recaudación, idealmente, debería ir destinada a paliar los efectos de la crisis y a luchar contra la pobreza –tanto en los países que apliquen la tasa como en países empobrecidos –, y también a combatir los efectos del cambio climático. Cabe destacar que los presidentes de España y Francia se comprometieron públicamente el pasado diciembre a destinar parte de los fondos a estos fines.
En un primer momento se aplicaría en los 11 países de la UE que están decididos a implementarla: Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia, aunque lo ideal sería que con el tiempo se aplicase en el resto de países de la Unión. Y siempre se haría bajo los "principios de emisión y establecimiento": pagarán la tasa las entidades bancarias, gestores de fondos de alto riesgo y otras instituciones financieras (no los ciudadanos) que tengan domicilio fiscal en alguno de estos países y los productos que emitan en ellos.
La tasa afectaría a entidades bancarias, gestores de fondos de alto riesgo y otras instituciones financieras; no a los ciudadanos
Al apoyo de importantísimas instituciones (la ONU, el G20, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el FMI) hay que sumar un gran respaldo popular, que quedó demostrado hace poco más de un mes con la entrega en diferentes Gobiernos y Parlamentos europeos (incluido el español) de más de un millón de firmas ciudadanas pidiendo la implementación del impuesto.
Este millón de firmas debe recordar a todos los ministros de estos países que han de pactar sin demora un acuerdo histórico. Para que el impuesto sea eficaz, el acuerdo debe cerrarse con una versión lo más ambiciosa posible, y no con una versión minimalista fruto de los temores y las influencias de la banca y del sector financiero.
El último ECOFIN de septiembre no ha servido para alcanzar un principio de acuerdo como se esperaba, debido al gran número de asuntos técnicos que quedan por resolver. Si bien sabemos que se han llegado a acuerdos sobre algunos temas importantes, la decisión final aún parece lejana. Hoy, 6 de octubre, habrá un nuevo ECOFIN donde los ministros de los 11 países se reunirán. Es otra gran ocasión para alcanzar un acuerdo ambicioso en cuanto al porcentaje del impuesto y el destino de los fondos y, sin embargo, parece que no habrá avances en este aspecto: ni siquiera está incluido en la agenda. Mientras no exista determinación para poner el impuesto en marcha, millones de euros se dejan de ingresar en los diferentes países que han de implementarlo, muchos de ellos castigados por la crisis y las medidas de austeridad.
El Impuesto a las Transacciones Financieras, pese a todo, no es la panacea: no va a acabar con ciertas prácticas negativas del mercado financiero ni ha de concebirse como la solución definitiva; acaso como un avance en el necesario control de este tipo de transacciones. Y también, por supuesto, como una importantísima fuente de recaudación: se estima que Europa podría recaudar entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año; 5.000 millones en España. Una suma de dinero importantísima que ayudaría a luchar de una manera decisiva contra las desigualdades sociales y el cambio climático.
Manuel de la Rocha es secretario de Economía del PSOE; Nacho Álvarez es responsable de Economía de Podemos; José Antonio García Rubio es secretario ejecutivo de Economía y Empleo de IU federal, y Carles Campuzano es diputado de Convergencia y portavoz de la comisión de Cooperación.
