Un fraude tóxico

 El grupo automovilístico Volkswagen (VW) ha admitido que engañó a la Agencia de Protección Ambiental de EE UU. Instaló en 482.000 vehículos vendidos en aquel país un sistema informático manipulado que bloqueaba la emisión de gases contaminantes de los motores en varios modelos diésel cuando se sabía que estaban siendo inspeccionados; superada la prueba, el vehículo volvía a emitir cantidades de gases muy por encima de los niveles admitidos.

Un fraude de tal calibre no queda zanjado con una simple sanción, por elevada que sea (puede llegar a los 18.000 millones de dólares), porque el daño para la credibilidad de VW es incalculable. La caída de sus acciones en Bolsa (ayer perdió un 18,6% de su valor en Fráncfort) indica que los inversores van a pasar factura. Además, su credibilidad queda muy tocada. Lo mismo que VW ha hecho en EE UU puede haberlo realizado en Europa; la posibilidad de que se exijan nuevas inspecciones a sus vehículos implica un daño económico y moral sin precedentes. Los compradores de automóviles pueden preguntarse para qué sirven unos controles que pueden burlarse con tanta facilidad.

Es necesario que se apliquen las responsabilidades políticas pertinentes, que deberían llegar hasta el presidente, Martin Winterkorn. Un fraude medioambiental es un delito tan grave como los financieros o los industriales; por lo tanto, debe ser corregido con la misma radicalidad.