Servicios que no merecen tal nombre

Embrujados como estamos todos con los grandes adelantos que ofrece Internet para agilizar los trámites del ciudadano ante la administración, solicitar cita con el médico, hacer un pedido al comercio, reservar mesa en el restaurante, disfrutar del ocio y acceder a la información y la cultura de manera instantánea, se nos ha escapado —como de costumbre— que hay un montón de gente en las zonas rurales más apartadas y en los suburbios de las ciudades cuya conexión a la red es tan precaria y caduca que, lejos de beneficiarse de las nuevas tecnologías de la aldea global, se están viendo perjudicados por agravio comparativo.

Un reportaje publicado ayer por este diario dejaba en evidencia que más de 800.000 hogares de zona rurales no pueden navegar ni a 2 megas por segundo, y que 2.766 pueblos enteros no llegan a los 10 megas. Sirva como contexto para esas cifras que Bruselas quiere que todos los ciudadanos europeos tengan acceso a 30 megas en 2020. El problema va mucho más allá de que el niño no pueda jugar con la tableta de la abuela: afecta a la comunicación entre la consulta del médico y el servicio de salud central de cada comunidad, o impide conectar a tiempo con las urgencias; entorpece la tramitación de la receta electrónica en la farmacia o una simple transferencia en el banco. Los comercios rurales no pueden recibir pedidos en condiciones y pierden los clientes, como los pierden los restaurantes al no poder aceptar reservas ni ofrecer WiFi a sus clientes. Esta situación anacrónica e injusta no solo afecta a los pueblos, sino también a ciertos suburbios de las ciudades. Las peores comunidades son Galicia, Castilla y León y Andalucía.

No hablamos de zonas deprimidas, sino de pueblos que suelen tener su piscina y su pista de pádel. Es solo que su conexión a Internet es un desastre. Los expertos dicen que la red 4G puede ser la solución, ofreciendo hasta 100 megas. Pero, como siempre, los pueblos pequeños no están siendo prioritarios para su implantación.

Al margen de las soluciones que las empresas tecnológicas estén en disposición de ofrecer -hoy el 4G y mañana quién sabe cuál-, parece evidente que las administraciones podrían hacer más para dar un empujón decidido al asunto. Poca novedad supone que los pueblos más pequeños necesiten medidas compensatorias: es lo mismo que ya ocurría con los servicios postales y de paquetería. Por su mera escasez demográfica, estas pequeñas poblaciones son las menos rentables para las empresas de comunicación y tecnología, y corresponde al sector público nivelar sus posibilidades. No se trata de hacer ninguna inversión prohibitiva en estos tiempos duros: en ocasiones puede bastar con obligar al propietario de una finca a que permita cavar una zanja en sus terrenos para enterrar un cable, o de instalar un repetidor encima de una piedra. Se precisa un mínimo de inteligencia política para mejorar decisivamente la calidad de vida de cientos de miles de ciudadanos. Quizá sea demasiado pedir.