Sacudida en Guatemala

La dimisión del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina —tras una masiva revuelta cívica, la revocación parlamentaria de su inmunidad y la emisión de una orden de detención en su contra— ha colocado al país centroamericano, que el domingo celebra elecciones legislativas, en una delicada situación política e institucional. Pérez Molina ha sido acusado formalmente de encabezar una extensa red de corrupción que involucra al sistema de Aduanas del país. La mitad de su gobierno dimitió al conocer la noticia. La renuncia presidencial es la salida adecuada pese a toda la incertidumbre que pueda generar.

Guatemala es el perfecto ejemplo del peligro que representa la corrupción para un sistema democrático: se convierte en la puerta de entrada y factor de expansión del crimen organizado. Colombia y México conocen bien este riesgo, por el que ya han pagado un alto precio y lo combaten. Otros países latinoamericanos deberían prestar atención a lo que está sucediendo en Guatemala. La corrupción endémica no es un problema menor ni un mal inevitable e incorregible, y siempre termina fusionándose con la delincuencia más peligrosa y destructiva. Por su naturaleza, los partidos políticos son estructuras territoriales, característica que comparten con las redes criminales; si se dejan corromper, esas redes terminan dominando el sistema con un gigantesco coste no solo en dinero sino, especialmente, en vidas.

Las acusaciones contra Pérez Molina y algunos de sus colaboradores —la exvicepresidenta está encarcelada— han causado una gran movilización popular contra la política en un país en el que no hay clase política en sentido estricto, fruto de la destrucción de los partidos tradicionales. Otra lección sobre la necesidad del fortalecimiento de las instituciones en los países y sobre los problemas que genera su debilitamiento o desaparición.