Brasil, primero la economía

La crisis política y económica brasileña se agrava por semanas. La nueva detención de José Dirceu, hombre fuerte del primer Gobierno de Lula —en arresto domiciliario por su participación en el caso Mensalao (el soborno de diputados por el PT a cambio de sus votos), e implicado ahora en el escándalo de corrupción de Petrobras—, fue seguida de una encuesta que sitúa a la presidenta, Dilma Rousseff, como la líder más impopular de la historia de la democracia —un 71% desaprueba su gestión— y de una derrota parlamentaria del Ejecutivo a la que contribuyeron con sus votos los propios diputados del partido en el poder: se aprobó una subida salarial para los altos funcionarios que va en dirección opuesta a la política de austeridad que trata de aplicar Rousseff.

Los tres hechos confirman el descrédito del PT y el aislamiento de la presidenta en un momento crucial para que Brasil corrija el rumbo y vuelva al crecimiento. Pero también apunta a dos factores que podrían resultar decisivos para salir del actual marasmo. Primero, hay que destacar que en las listas de la Operación Lava Jato hay nombres de todo el arco parlamentario, y es que la relación demasiado confortable entre empresarios y políticos a la hora de adjudicar contratos ha sido un secreto a voces en el sector público desde los tiempos del Imperio. El hecho de que la Justicia esté siendo capaz de meter la tijera en ese entramado, no solo deteniendo a los presuntos corrompidos sino también a los presuntos corruptores, da una buena señal del funcionamiento de una institución en la que el pueblo brasileño nunca ha confiado.

En segundo lugar, con una presidencia acosada y paralizada, la búsqueda del consenso político en el Congreso cobra una importancia crucial. La prioridad del Parlamento debería ser tomar las medidas necesarias para que la recesión no se prolongue más. Las otras agendas de sus señorías pueden, sin duda, esperar.