El referéndum de Tsipras

Las razones reales de Alexis Tsipras para convocar un referéndum sobre los términos del tercer rescate son difíciles de conocer. Ignacio Sánchez Cuenca ha argumentado con su elocuencia habitual la legitimidad de la convocatoria, poniendo como ejemplo los referéndums celebrados en un significativo número de Estados miembros (desde Irlanda en 1986 hasta la propia Irlanda en 2010).

Pero esta comparación no es del todo acertada: varios de esos referéndums se deben, en realidad, a obligaciones establecidas en las propias Constituciones y los respectivos Gobiernos no tienen margen para evitarlos. En todos los otros casos (Francia y Holanda en 2015, por ejemplo), la investigación politológica ha demostrado que los cálculos electorales de los partidos de Gobierno fueron esenciales para tomar la decisión de convocarlos. Por ejemplo, Chirac trató de explotar en 2015 la división interna del Partido Socialista Francés sobre la Constitución Europea. Este tipo de cálculos se ha dado en otras ocasiones, pero paradójicamente parece poco creíble que estén detrás de la decisión de Tsipras, no solo por la lejanía de las próximas elecciones griegas sino por la premura con la que se ha convocado, que impide diseñar una estrategia apropiada. Descartada esta explicación, ¿cuál puede ser la razón del referéndum?

El primer ministro griego presentó las razones de su convocatoria en un programa de televisión. Su argumento es que necesita un no masivo con el apoyo del pueblo griego para reforzar su posición negociadora frente a las instituciones comunitarias. Este planteamiento parece la traslación fiel de la denominada “paradoja de la debilidad” de Thomas Schelling. De forma muy sucinta, la paradoja sería la siguiente: un negociador que tiene que obtener el consentimiento interno a los acuerdos negociados en el ámbito internacional ve reducida (y por lo tanto, debilitada) su posición, ya que tiene menos margen de maniobra. Paradójicamente, su posición se refuerza ya que los otros negociadores saben que no puede hacer concesiones y, por lo tanto, para lograr un acuerdo, son aquellos los que deben ceder. La ratificación de los tratados por parte del Congreso en EE UU ha demostrado lo acertado de la predicción y la investigación politológica también ha demostrado que, en el caso de la UE, la necesidad de obtener aprobación en referéndum se vinculó a ganancias y concesiones para Dinamarca e Irlanda, en los casos, respectivamente, de los Tratados de Ámsterdam o el de Lisboa. Y un deseo similar de “atarse las manos” se halla detrás de la ley británica de referéndums sobre la UE de 2010.

Su posición se refuerza ya que los otros negociadores saben que no puede hacer concesiones y, por tanto, para lograr un acuerdo, son aquellos los que deben ceder

Pero el caso de la convocatoria de referéndum de Tsipras es diferente. En todos los casos anteriores, los referéndums servían para ratificar lo ya negociado, eran posteriores al acuerdo y, en este contexto, los Gobiernos eran los garantes de obtener la aquiescencia de los ciudadanos en la ratificación del tratado. La secuencia es clave para que la “amenaza” (esto es, un posible resultado negativo) tenga un efecto sobre el acuerdo, forzando a las otras partes a hacer concesiones. Es decir, primero, acuerdo (bajo la amenaza de convocatoria); segundo, ratificación en referéndum (con el Gobierno volcado en obtener la aprobación de lo negociado). Pero la convocatoria de Tsipras se produce antes de que haya un acuerdo y desactiva la amenaza (a no ser, claro, que Tsipras convocase un segundo referéndum).

La segunda diferencia radica en la externalización de los costes: los tratados de la UE se negocian bajo unanimidad, lo que significa que un rechazo en referéndum de un tratado impide que entre en vigor para cualquier Estado miembro. De hecho, en el pasado, los países que votaron no no sufrieron consecuencias negativas por ello, aunque en el caso de la negativa danesa a Maastricht, los costes se externalizaron (en forma de crisis que afectó a varios miembros de la UE… pero no a Dinamarca). El posible no en el referéndum griego tiene, a priori, escasas posibilidades de externalizar los costes (por ejemplo, subida de la prima de riesgo) sin que Grecia se vea afectada de una forma exponencialmente mayor. Como el propio Tsipras ha indicado, el efecto sería recomenzar la negociación pero, llegados a este punto, la pregunta es: ¿por qué los Estados miembros del euro verían al Gobierno griego en una situación de “paradoja de la debilidad”? Es decir, ¿por qué estarían más dispuestos a hacer concesiones? Francamente, a mí se me escapa la respuesta y me temo que a la mayoría de los Gobiernos europeos, también.

Carlos Closa es profesor del Instituto Universitario Europeo.