Regulación a la carta

Grandes instituciones financieras como los bancos HSBC y UBS o la gestora de fondos Blackrock reclaman en un documento conjunto —adelantado por la Alianza de Periódicos Líderes en Europa (LENA), de la que forma parte EL PAÍS— un aumento de la regulación bancaria para evitar las crisis financieras sistémicas. La petición constituye un cambio sustancial en el diagnóstico que desembocó en la quiebra de Lehman Brothers y un giro copernicano en las relaciones entre banca privada global y regulación pública. Hasta ahora, los bancos han convivido a duras penas con la regulación, acusada con frecuencia de exceso de intervencionismo, invasión de las decisiones privadas y obstáculo burocrático al libre desarrollo del negocio. Un documento del Foro Económico Mundial recoge las lecciones de la última crisis global y reclama más normas “para mejorar la estabilidad financiera y reducir el impacto de futuras crisis”.

El giro estratégico es inesperado y esperanzador. Supone la aceptación de que la banca no puede desarrollar su negocio sin normas exteriores precisas e implica desmentir las interpretaciones que imputaron exclusivamente a los reguladores la responsabilidad del crash de 2008. Un observador imparcial podría deducir además del texto que se reconoce a los reguladores, corresponsables teóricas de la crisis, el atenuante de la continua presión de las entidades financieras para reducir o eliminar los controles públicos sobre la actividad bancaria. En todo caso, en una primera lectura se aprecia que existe entre los firmantes del texto un decidido propósito de enmienda y un deseo de evitar en el futuro excesos especulativos y prácticas incontroladas.

La cuestión no es tanto aumentar la regulación como mejorarla; hacer que sea eficaz. Este objetivo se conseguirá si los bancos y las autoridades trabajan coordinadamente en dos tareas complementarias: la llamada regulación macroprudencial y lo que podría denominarse microrregulación. La primera implica que los bancos acepten más control externo y mayores exigencias de capital cuando sean necesarias y no necesariamente como receta común, sino a medida de cada entidad y con intensidad diferente en periodos de prosperidad o de recesión.

La microrregulación, sugerida ya en la intención del BCE de participar en los consejos de los bancos, significa que el supervisor tenga capacidad de opinar sobre la gestión de un banco. Una de las causas más poderosas de la quiebra global de 2008 fue la aplicación de incentivos perversos en la retribución de los gestores bancarios; otra, la orientación excesiva hacia activos inmobiliarios. Estos riesgos podrían evitarse con una supervisión en detalle, desde dentro de las entidades.

¿Este es el camino para tratar de evitar crisis bancarias o aliviar sus efectos? Sin duda lo es. ¿Basta con la buena intención expresada en el documento del Foro para entender que el camino está despejado? No. El propósito de enmienda sólo es el cambio de actitud que permite negociar mejores relaciones público-privadas. Queda, si se acepta el texto como punto de partida, un plazo dilatado para ajustar la capacidad de intromisión del regulador público en la gestión de cada entidad; se trata de acotar las condiciones de su presencia y los límites de su participación.

La macrorregulación no es suficiente para dotar de estabilidad al sistema. La vigilancia genérica (balances, ratios de solvencia) y los requisitos de capital no han sido suficientes para evitar las crisis ni para anticiparlas. Hacen falta normas más finas, a la carta, y con la atención puesta en la gestión individual de los bancos. Es lo que promete del documento del Foro; ahora hay que concretarlo.