CIE: que nadie dude de qué lado estamos

Protesta frente al CIE de Zapadores (Valencia).

Salió de Gambia, su país de origen, a los doce años. Trabajó durante otros seis en Senegal, Guinea y Mauritania, casi siempre como pescador. A los 15 había intentado su primer salto en cayuco a las costas de Canarias. A los 18 lo consiguió. Cuatro días de travesía donde el motor se quedó parado durante más de doce horas y donde pensó que "todo había terminado". La llegada a Tenerife fue el comienzo de una procesión que incluyó tres Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), sorpresa, miedo, abusos policiales y, finalmente, la liberación en Madrid. El Gobierno socialista no había cerrado aún con Gambia el tipo de acuerdos de repatriación que se firmaban en aquella época en el reverso de los acuerdos de cooperación. Seis años después, Alhagie Yerro Gai muestra orgulloso su tarjeta de residencia legal en España, que depende de la posibilidad de conservar un empleo. "Estamos legal... según el Gobierno".

Yerro participó esta semana en la sesión organizada por el Parlamento Europeo para alertar sobre la realidad de los CIE. El evento, impulsado por los representantes de Primavera Europea y el Partido Por Un Mundo + Justo, reunió en Bruselas a una treintena de activistas, políticos e informadores que han trabajado durante años para enterrar este agujero moral. Sus testimonios dibujan un sistema en el que el internamiento por una falta administrativa se traduce en abusos, palizas, arbitrariedades legales y enfermedades. Como describe la ONG jesuita Pueblos Unidos en un reciente informe sobre este asunto, la aprobación hace un año del nuevo Reglamento de los CIE y de una circular policial que clarifica los criterios de expulsión no se ha traducido en una mejora tangible de las condiciones legales y humanitarias de los internos. Con una cadencia demoledora, este y otros informes describen la indefensión legal de ciudadanos que compartían nuestro patio de vecinos hasta hace unos días, la desesperación de madres separadas de sus hijos o el abandono de enfermos mentales. Si estuviésemos hablando de África, nos horrorizaría.

A menudo, la incomodidad ética de este asunto se reduce a un simple conflicto de legalidad. La protección del derecho de asilo, el trato humano a los internos o la garantía de los derechos básicos de un detenido antes de su expulsión no son una elección de los funcionarios involucrados, sino una obligación legal que está siendo ignorada. Como en el caso de otros corredores de la inmigración irregular que accede a Europa, la lógica del sistema lleva a funcionarios e instituciones a un estado de prevaricación latente. Vean, por ejemplo, las contundentes imágenes del reportaje Las muertes de Ceuta, publicado por eldiario.es en el aniversario de la tragedia del Tarajal. La actuación de la Guardia Civil y el despeje dialéctico del Ministro del Interior y de su Secretario de Estado no son respuestas aisladas, sino una ilustración icónica de un modelo migratorio que fuerza al Estado a cruzar de manera recurrente las líneas de la legalidad. Dieciséis guardias civiles han sido imputados por un asunto que provocó la muerte de quince inmigrantes, pero lo que resulta abracadabrante es que ningún alto cargo del Ministerio haya tenido el prurito de dimitir. Al fin y al cabo, son ellos y sus mandos los que ponen a los guardias civiles ante la encrucijada de cumplir una orden o incumplir la ley.

Este es el hecho cierto: los CIE no solo son moralmente repulsivos y costosos para el contribuyente, sino también inútiles. De los 9.002 internamientos que se produjeron en 2013, menos de la mitad acabaron en expulsiones. De hecho, las autoridades han encontrado en las 'devoluciones exprés' una manera más eficaz de caminar la delgada línea que separa la legalidad de la ilegalidad. Se trata de procedimientos urgentes que permiten la detención y expulsión del individuo en menos de 72 horas, sin internamiento previo y con destino a países que pueden estar tan cerca del hogar de los afectados como el suyo está de Copenhague. Como recuerda Pueblos Unidos, esta práctica -bajo la que se realizan ya una parte mayoritaria de las expulsiones- "limita severamente las garantías procesales de los expulsados, incluso eliminándolas".

Los CIE, como la vulneración del derecho de asilo, elapartheidsanitario y tantas otras aberraciones de la política migratoria, no son la excepción del sistema, sino su consecuencia lógica. Responden a la incapacidad de instituciones y partidos de embridar un debate electoralmente radioactivo y plantear alternativas a un régimen que ha demostrado ser tan inmoral como idiota. Como señalaba ayer un editorial de The New York Times comentando el paso adelante de Hillary Clinton en este asunto, "Cuando escuchen a los candidatos hablar de cómo hacer más segura la frontera -una frontera que ya es tan segura como lo será nunca-, ese es el signo de que no están interesados en una conversación seria".

Es difícil ser optimista, pero reconozco que esta pequeña experiencia europarlamentaria me reconcilia con el mundo. Junto a Yerro, la delegación española estaba compuesta por un grupo heterogéneo de superhéroes de Zaragoza, Valencia, Madrid, Ceuta y Melilla que se mantienen firmes contra los CIE mientras el resto de la sociedad mira para otro lado. Hacen sentadas, acompañan a los internos y a sus familias, proporcionan asistencia legal y se dirigen a los medios que quieren escucharles. Su trabajo me inspira profundamente y me gustaría pensar que no están solos. Mientras escribo estas líneas, una petición popular en change.org por el cierre de los CIE supera ya las 62.000 firmas y el apoyo de medio centenar de eurodiputados. Ustedes pueden unirse a ellos firmando la petición y trasladando sus inquietudes a partidos y candidatos durante las próximas campañas electorales. Que nadie dude de qué lado estamos.