Investigación ya

Un país peligroso para los derechos ciudadanos es aquel en que el ministro de Hacienda comenta selectivamente asuntos de contribuyentes, sus servicios elaboran una lista de 715 sospechosos de delitos económicos y alguien se guarda la mecha de esta bomba de relojería en vísperas de elecciones. No menos peligrosa es la detención de un ciudadano con un espectacular despliegue de fuerza, que a las pocas horas queda en libertad sin cargos y sin presentarle siquiera al juez, como le ha sucedido a Rodrigo Rato. El responsable de tales desaguisados no es otro que el Gobierno, del que dependen los servicios tributarios del Estado, la fuerza policial utilizada para detener y registrar a Rato y, en última instancia, también la fiscalía.

La Agencia Tributaria está subordinada al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aficionado a utilizar los datos fiscales como un instrumento amenazador. Ya lo han experimentado Jordi Pujol o Juan Carlos Monedero, y ahora le ha tocado a Rato. No se sabe qué es más vergonzoso, si la filtración del informe completo de ese órgano referido al exvicepresidente del Gobierno (al tiempo que se desencadenaba la operación de arresto y registro); o los frecuentes comentarios del ministro sobre los problemas fiscales de las personas que le apetece, violando el deber de custodia de los datos tributarios impuesto por ley a los funcionarios.

Las filtraciones que se han producido deberían haber desencadenado una investigación automática. Lo mismo que el aviso dado a múltiples medios de comunicación para que se personaran en el domicilio de Rato justo a tiempo de difundir el arresto y registro. Resulta inquietante pensar en los ciudadanos anónimos enfrentados a la fuerza policial y tributaria del Gobierno, si a una persona tan relevante como ha sido Rato en el Partido Popular se la trata con desprecio a cuanto dicen las leyes sobre la necesidad de proteger la presunción de inocencia.

Por cierto, ¿son fiables unos servicios gubernativos que seleccionan la fiscalía que les parece, orillando a Anticorrupción? Y una vez implicados magistrados de diversas jurisdicciones, como consecuencia de la guerrilla entre fiscales, ¿qué sentido tiene el recurso de la Fiscalía del Estado contra la inhibición de uno de los jueces, que de entrada retrasa la resolución del caso y prolonga la incertidumbre?

No. Estas no son las instituciones fuertes y democráticas que el presidente del Gobierno sostiene que funcionan en España. Lo sucedido añade más sombras y pone otro clavo en la credibilidad del sistema de garantías con el que deben sustanciarse las irregularidades o delitos, sean de Rato o de otros ciudadanos.

Asegura Mariano Rajoy que se ha enterado de todo esto “por la prensa”. Pues razón de más para ordenar de inmediato una investigación exhaustiva que aclare las irregularidades cometidas, a falta de la cual el jefe del Gobierno y líder del PP habrá perdido crédito político.