¿Cómo y quién tiene que financiar una agenda de desarrollo universal?

Los países andan negociando la Agenda Post 2015 en Naciones Unidas, cuyo borrador establece 17 objetivos de desarrollo sostenible que deberán ser alcanzados en el año 2030. A diferencia de lo que pasó en el 2000 con los Objetivos del Milenio, la idea es que ahora todos los países del mundo tengan metas que alcanzar independientemente de que sean países más o menos ricos. Que no sea una agenda exclusivamente focalizada en la pobreza más extrema o en proporcionar acceso a cuestiones básicas a los millones de personas que aún carecen de ellas. Se habla abiertamente de que sea una agenda “transformadora”, es decir, que modifique los patrones de producción, de comercialización y de consumo por otros más sostenibles ecológicamente, menos excluyentes en lo social y que por lo tanto permitan equiparar oportunidades para toda la población mundial.

En otras palabras, resolver los problemas del cambio climático, de la desertificación, de las desigualdades de renta, de la discriminación que sufren numerosos grupos de población, de la falta de acceso a la alimentación, al agua potable o a la vivienda, no es problema de unos cuantos, ni de algunos países. Con mayor o menor gravedad todos los países tienen poblaciones vulnerables y afectadas, cada día más lejos de acceder a las oportunidades para satisfacer sus derechos como personas, cada día sus trabajos son más precarios y sus condiciones de vida enfrentan más riesgos y amenazas. Las soluciones por lo tanto no pueden depender de cada país de forma aislada, cuando el análisis de las causas muestra con claridad que los problemas son en gran parte producto de la incapacidad de los países para acordar y cumplir acciones colectivas concertadas, como reducir emisiones nocivas, imponer impuestos a las finanzas o impedir la sobreexplotación de los recursos comunes, por poner sólo algún ejemplo. Acciones colectivas todas ellas, que respondan al principio de la responsabilidad compartida pero diferenciada en función de la situación relativa y los recursos de cada país.

El acceso universal a los recursos

Simultáneamente se están produciendo reuniones para concretar cuáles serán los medios financieros para conseguir que esta vez las buenas palabras se conviertan en realidad. Los países donantes y los grandes medios de comunicación transnacionales se empeñan en retransmitir estas Cumbres Mundiales sobre Financiación para el Desarrollo como si se tratara de quién da más o quién da menos, como una especie de subasta de la solidaridad. Por fortuna, cada vez se escuchan más voces, procedentes de países empobrecidos y de organizaciones sociales, que quieren que la Cumbre se centre en adoptar acuerdos vinculantes sobre asuntos financieros “sistémicos”: sobre deuda externa, comercio e inversiones y sobre el sistema financiero internacional. Existe un convencimiento que recorre todas las reuniones y debates: hay recursos más que suficientes para atender y resolver todos los problemas, pero hay que superar obstáculos para proporcionar el deseado acceso universal a dichos recursos. ¿Cuáles son estos obstáculos? ¿De qué forma podrían vencerse?

Ya es tiempo de impedir que sigamos haciendo daño al planeta y excluyendo a la mayoría de sus habitantes 

No faltan quienes fían todas las soluciones al milagro de la innovación tecnológica basada en la capacidad científica del ser humano al mismo tiempo que en la fortaleza de las grandes empresas transnacionales para seguir protagonizando el hilo de la innovación sin fin. Por eso su propuesta se basa en impedir regulaciones a sus negocios con el argumento de que éstas podrían interferir la creatividad y el empuje del sector privado empresarial. En consecuencia, los Estados deben evitar acordar límites y sanciones en la nueva agenda de desarrollo, y limitarse a incentivar el desarrollo y el emprendimiento empresarial y a generar un entorno favorable a sus negocios.

También hay quien piensa que el llamado bussiness as usual es parte del problema. En este sentido, proponen establecer regulaciones para detener de forma significativa un marco de competitividad que nos aboca a todos y a todas a una carrera hacia el fondo (race to the bottom) en materia de estándares ambientales, laborales, o de cualquier otro tipo de derechos. Piensan que es el momento de evitar que siga generándose empleo precario y sin derechos, o que puedan realizarse inversiones financieras que no dejan ningún beneficio a las poblaciones de los países, o que se sigan permitiendo negocios con impactos nefastos en el medio ambiente o en los derechos de trabajadores y trabajadoras, o de poblaciones que habitan cerca de las explotaciones.

Medidas sistémicas frente a la depredación y la desigualdad

Son las llamadas medidas sistémicas porque exigirían el concurso y el compromiso de muchos países y de todos los actores. Destacan entre las propuestas que están encima de la mesa, la regulación del sistema financiero internacional en función de prioridades y necesidades de las poblaciones en lugar del actual sistema basado en los deseos de los inversores. La creación de un impuesto a las transacciones financieras que permitiera no sólo recaudar fondos suficientes para financiar los 17 objetivos en todos los países, sino que supondría emprender de una vez por todas una lucha global sin cuartel contra quienes eluden y evaden impuestos minando así las posibilidades y oportunidades de desarrollo de todas las personas. La modificación de la lógica y los mecanismos actuales de negociaciones comerciales internacionales entregados a la competitividad que nos abocan a esa loca carrera hacia el fondo, con cada vez menos recursos naturales, peores condiciones laborales y más dificultades para acceder a los derechos.

Cuando hablamos de financiación para el desarrollo, no basta con aducir porcentajes más o menos generosos de una riqueza que los países más enriquecidos generan constantemente gracias a la ausencia de limitaciones y controles en la forma de producción y comercialización de los bienes y servicios. Ya es tiempo, por acumulación de evidencias, de que más importante es impedir que sigamos haciendo daño al planeta y excluyendo a la mayoría de sus habitantes privilegiando a cada vez menos personas. La nueva agenda debe establecer una redistribución de los recursos a escala global, empezando por imponer metas específicas a los países y a los poderes financieros en la forma de evitar daños (do not harm). Se trata en definitiva de una redistribución global del poder, más que de una campaña de donativos internacionales.

Pablo J. Martínez Osés es coordinador de la Plataforma 2015 y más.