Malgastar la confianza

Al margen de los resultados que tengan el juicio por la trama Gürtel y el de los papeles de Bárcenas, la cuestión de fondo es si los dirigentes de un partido pueden pedir el voto de los ciudadanos dejando en el aire las respuestas sobre quién supo o autorizó un funcionamiento irregular de sus finanzas durante casi dos decenios, como es el caso del Partido Popular. Se trata de un problema de confianza, que es precisamente lo que piden los dirigentes políticos a los ciudadanos cuando les reclaman sus votos. Es decir, si se puede concurrir tranquilamente a las elecciones sin aclarar 18 años de financiación presuntamente irregular.

El juez Pablo Ruz acaba de confirmar que, entre 1990 y 2008, el PP recibió fondos procedentes de fuentes privadas que, de forma sistemática, “habrían incumplido los límites, requisitos y condiciones establecidos en la ley”. Sin embargo, afirmaciones tan concretas no han merecido explicaciones de los dirigentes del partido gobernante —como tampoco las hubo tras el cierre de la investigación por la trama Gürtel— más allá de un argumentario que puede resumirse en que, si alguien hizo algo mal, la culpa es de los que llevaran la caja b.

El juez Ruz, que pronto se verá relevado del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, ha llevado a cabo una tarea de instrucción seria y discreta respecto al caso Gürtel y los papeles de Bárcenas. Se han confirmado la mayor parte de las anotaciones del exgerente y extesorero del PP, publicadas por EL PAÍS hace algo más de dos años.

El juez ha dependido de la colaboración de múltiples Estados en los que buscaba el dinero negro; una alta responsable de Hacienda se ha resistido a cumplir sus instrucciones —finalmente lo hizo “por imperativo legal”—; y se ha enfrentado a los problemas de prueba de todo asunto complejo. Con todos esos condicionamientos, su labor ha sido meritoria.

Que los políticos en activo queden fuera del juicio no es patente de corso para suponer autorizada la actividad de los partidos a base de cerrar los ojos a la procedencia del dinero que engrasa sus operaciones diarias y sus campañas. Esto sería una perversión de la democracia representativa. La falta de reacción del PP contribuye a explicar la situación de una fuerza que, en poco más de tres años, ha malgastado parte del enorme depósito de confianza recibido en 2011.