Si vas al fútbol, no insultes

La muerte de un hincha del Deportivo, golpeado primero y arrojado al río después por elementos del Frente Atlético, parece haber despertado al fútbol español. Todos a una, prensa deportiva incluida, se han puesto al frente de la manifestación para erradicar los actos de violencia, incluida la verbal. Se pide a los aficionados que moderen su lenguaje, y todo aquel que asome una sombra de duda al respecto, caso del técnico Luis Enrique por decir aquello de “si echan a los que insultan nos quedamos solos”, es rápidamente vilipendiado. La unanimidad sirve para ocultar responsabilidades. Ahora todos se apuntan a la tolerancia cero.

Entre esta muerte y la anterior (sucedida en 2003) han transcurrido 11 años. Y en estos 11 años habían seguido sucediendo hechos tales como el lanzamiento de un mechero a un jugador (Cristiano Ronaldo, en el estadio Vicente Calderón, en febrero de 2014, con 660 euros de multa al Atlético) o el de un bote con gas lacrimógeno en el estadio del Villarreal (febrero de 2014, sancionado con 4.000 euros de multa) que provocó una evacuación del recinto. Ninguna de estas acciones, y otras parecidas, fue severamente sancionada. ¿Se consideró que eran de baja intensidad? Los gestos racistas, los insultos y los cánticos reprobables no han cesado. Como igualmente han seguido operando los grupos ultras, de extrema ideología. Todos menos un grupo, los boixos nois del Barcelona, culpables de la muerte de un hincha del Español en 1991, expulsados en 2004 por el entonces presidente Laporta.

Lo que hizo Laporta pudieron haberlo hecho los demás presidentes: retirar la ayuda económica primero, quitarles el uso de un local en el estadio y finalmente expulsarlos. Pero no lo hicieron. La Liga de Fútbol profesional pudo haber obligado a tomar esa decisión. Pero no lo hizo.

A las pocas horas de fallecer el hincha del Deportivo el propietario del Atlético se inhibió de toda responsabilidad

El aficionado debe saber que todos los socios ultras están censados e identificados. Por el club, por su servicio de seguridad, y también por la policía nacional. El aficionado debe saber que todos los estadios disponen, por una ley que data de 2007, de cámaras de vigilancia y de un centro de control, que deben permitir la identificación del causante de cualquier incidente que ocurra en el recinto y sus accesos. Pero también debe saber que esas cámaras están obsoletas y no han sido renovadas, de tal forma que incidentes como los del Vicente Calderón y Villarreal se saldaron sin la identificación de sus autores. Transcurridas varias semanas de la muerte del aficionado del Deportivo, una operación policial permitió detectar a los supuestos responsables del acto. Así que ahora queremos pasar de la impunidad cero a la tolerancia cero.

Las medidas de seguridad en el fútbol profesional le cuestan cerca de 20 millones anuales al erario público. Mucho dinero para vigilar que decenas de ultras no causen daño. Algunos estudios señalan que hay unos 2.000 ultras censados en el fútbol español. ¿No habría sido más fácil y más barato haberles impedido el paso a los estadios? Laporta retiró de la circulación a 400.

A las pocas horas de fallecer el hincha del Deportivo, Miguel Ángel Gil, el propietario del Atlético de Madrid llegó a inhibirse de toda responsabilidad porque la agresión se produjo fuera del estadio. El Frente Atlético ha causado ya dos muertes y él no se dio por aludido: entre la primera y la segunda han pasado 16 años, tiempo suficiente para haber hecho lo que dice ahora que va a hacer en unas semanas, expulsar a los ultras.

Así que ahora el fútbol español quiere imponer un tratado de buenas maneras y llenar los estadios de público refinado. Y pensarán los presidentes que habrá que felicitarlos por ello.