La hora de Felipe VI

El Rey ha aprobado con nota sus seis primeros meses de mandato, en los que ha dibujado una nueva Monarquía basada en la transparencia, la ejemplaridad y la utilidad. Desde el 19 de junio, en que pronunció su discurso de proclamación, ha ido subiendo el tono de sus intervenciones hasta concluir en Nochebuena con un mensaje potente y directo en el que fijó sus prioridades como jefe del Estado: la regeneración política y la lucha contra la corrupción, la defensa del Estado de bienestar y la unidad de la España diversa. Sugirió, además, la posibilidad de actualizar el marco de convivencia entre los españoles, como ya señaló su padre, el rey Juan Carlos, en 2013.

Somos conscientes de que las funciones que atribuye la Constitución al Rey son muy limitadas: lo recoge bien la expresión que asegura que el Rey reina, pero no gobierna. Sin embargo, reinar puede significar mucho en una Monarquía parlamentaria que otorga al Rey las funciones de jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia y árbitro y moderador de la vida política (Título II, artículo 56), además de representar internacionalmente al Estado y ser el jefe de las Fuerzas Armadas.

En el caso de Cataluña, don Felipe puede jugar un papel destacado sin sobrepasar los límites que marcan su función constitucional. Lo lleva haciendo algunos años como Príncipe de Girona, especialmente desde que se recrudeció el proceso independentista. Sus continuos viajes a Cataluña (prácticamente todos los meses), su talante abierto y su llamamiento al diálogo y al consenso deberían ser tomados en cuenta por el Gobierno de Mariano Rajoy, que podría recurrir con mayor confianza a su función mediadora en este asunto. No sería la primera vez que ocurre en España: Felipe González, siendo presidente del Gobierno, le pidió varias veces al rey Juan Carlos que mediara en cuestiones diversas.

España necesita que Felipe VI ejerza de Rey dentro del marco constitucional. Además de velar por la unidad del Estado y de seguir representando a España en un momento en que buena falta le hace, podría impulsar ese proceso regeneracionista para el que hay que “cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción”, como él mismo dijo en su mensaje de Navidad. Aunque para ello tiene que estar libre de cargas y, desgraciadamente, el procesamiento de su hermana Cristina de Borbón es un lastre que le resta credibilidad mientras ella permanezca en el sexto lugar en la línea de sucesión a la Corona española.

No basta con decir que la renuncia es decisión personal de la Infanta; habrá que buscar soluciones para que doña Cristina la tome cuanto antes, porque el prestigio de la Corona es también el de todos los españoles. La Constitución deposita la soberanía en manos del pueblo, y son los españoles —sus representantes legítimos en el Congreso— los que tienen que decidir quiénes ocupan la línea de sucesión. No es algo que, a estas alturas, se puede dejar al capricho de una persona que se sienta herida en su orgullo y menosprecie las decisiones judiciales. Para resolver este y otros asuntos que puedan surgir en el futuro y dotar al Rey del marco legal que facilite el trabajo que le reclamamos, no hay otra fórmula que la aprobación de un Estatuto de la Corona. Al ritmo que se desarrollan los acontecimientos en la España actual, esta es una misión urgente que los partidos políticos deberían acometer sin demora.