Mas pasaba por allí

La juez barcelonesa encargada del caso Pujol-Ferrusolaha imputado al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, a su esposa y a varios de sus hijos como presuntamente incursos en un doble delito de defraudación a Hacienda y de blanqueo de capitales. De hecho, la defraudación ya la confesó públicamente Jordi Pujol el pasado 25 de julio: está por ver que, por su cuantía y por la corrección o incorrección de su regularización, dicha conducta pueda configurarse como delito. Más grave sería el de blanqueo de capitales si, como teme la jueza, “no puede establecerse el origen” de los fondos situados en paraísos fiscales, al no haberse documentado que procedieran de un supuesto legado del padre del político.

La imputación no es una decisión judicial menor. El citado como imputado no pierde la universal protección a la presunción de inocencia hasta que haya sentencia; pero certifica al tiempo la existencia de indicios que podrían configurar hechos delictivos. La reacción del portavoz del Gobierno de la Generalitat, Francesc Homs, minimizando otra vez el caso al recordar solo la primera de estas dos realidades, subraya la laxitud moral del pujolismo a la hora de aclarar los entuertos propios.

Un hilo conductor conecta ese comentario de enorme obviedad e ínfima calidad con la actuación de su jefe y ahijado político de Pujol, el presidente Artur Mas. Desde julio, Mas actúa en este asunto como si pasase casualmente por los desagües del nacionalismo, lo ignorase todo de su padrino, de su red familiar-clientelar y de los casos de corrupción que, como el vil saqueo del Palau de la Música, desembocaron en el embargo judicial de la sede del partido que él mismo preside.

Y, sin embargo, Artur Mas, que en vergonzosa actitud cesarista rehúye declarar ante la comisión parlamentaria de investigación sobre el caso Pujol —¡a la que hace convocar a Aznar y a González!—, debe a los catalanes, y a todos los españoles, alguna explicación, en función de su cargo.

Artur Mas debe informar a los contribuyentes que sí pagan sus impuestos —sin solapar la dinámica judicial—, cuánto defraudaron, con o sin delito, Pujol y su familia, a las arcas de la Generalitat. Cuántas acciones, avisos, llamadas o requerimientos hizo a los infractores la Agencia Tributaria catalana, por él calificada de “estructura de Estado”. Una calificación pomposa y probablemente ridícula a tenor de su inacción (de haber actuado, debería saberse), cuando tan ágil es su consejero Felip Puig en perseguir a compañías no noticiables por fraude fiscal, como Desigual, por desobedecer —como por cierto suele hacer el Gobierno de Mas— la ley, en este caso, la de horarios comerciales.

Mas debe entregar también la lista de contratos públicos que beneficiaron a los Pujol-Ferrusola y allegados, o que intermediaron, como su exnúmero dos, Oriol. Mientras no lo haga no podrá desprenderse del estigma de heredero amical, albacea fáctico y beneficiario político del pujolismo, como falazmente lo intenta destruyendo el partido que fundó su mentor.