Paraísos y recuperación

Por dos razones al menos la Unión Europea centra parte de la atención de la reunión del G20 que se está celebrando en Brisbane, Australia, con el impulso al crecimiento global como prioridad. La primera es la debilidad con la que crece y la inadecuación de sus políticas económicas para seguir la senda de recuperación de otras economías avanzadas: son explícitas las presiones estadounidense o de las economías emergentes para que Europa estimule su demanda y abandone las políticas fiscales depresivas de estos últimos años. La segunda razón es el comportamiento de algunos de sus Gobiernos en relación a la fiscalidad privilegiada de las empresas multinacionales. También en este punto la Administración estadounidense ha tomado la iniciativa. El propio Gobierno del país anfitrión de la cumbre ha trazado un plan de investigación sobre 100 multinacionales.

El máximo representante de la UE, Jean-Claude Juncker, ha acudido a esta cita con credenciales cuestionadas. La eurozona se encuentra estancada y al borde de la deflación; es el principal freno a la recuperación global, sin que sus autoridades tengan la disposición a revertir esa tendencia al “estancamiento secular” mediante la aplicación de estímulos de la demanda agregada como sugieren las agencias multilaterales. Tampoco puede exhibir prácticas ejemplares en la persecución del estricto cumplimiento de las obligaciones fiscales por las empresas multinacionales que utilizan algunos países de la UE como domicilios de conveniencia para minimizar sus impuestos.

El propio Juncker ha sido entre 1989 y 2013 responsable político de Luxemburgo, que aparece como uno de los principales paraísos fiscales. Las revelaciones del consorcio internacional de periodistas de investigación señalan que más de 300 multinacionales suscribieron acuerdos con ese Gobierno favorecedores de la elusión de cargas fiscales, contraviniendo las orientaciones de instituciones como la propia OCDE.

Esas prácticas en la UE (no solo en Luxemburgo) coexisten con la severidad de ajustes presupuestarios que dañan en mucha mayor medida a los ciudadanos —a los contribuyentes— con menor capacidad defensiva. Una austeridad desigual que erosiona seriamente el predicamento del presidente de la Comisión Europea, dentro y fuera de la UE. Por eso, eliminar esos paraísos fiscales en Europa, que es algo más que el “intercambio de información” que ha prometido en Brisbane, es tan urgente como reconducir las orientaciones dominantes de la política fiscal en una región que apenas crece y mantiene elevados niveles de desempleo y desigualdad.

En ambos aspectos convendría tomar buena nota de la experiencia estadounidense, con un crecimiento aceptable y una reducida tasa de paro, y asumir como prioridad el bienestar de la mayoría de los ciudadanos, no el de las grandes empresas especializadas en el arbitraje regulador y fiscal que algunos Gobiernos favorecen.