Bosques que salvan, bosques que matan

En un sofisticado hotel de cristal y acero a orillas del Guadalquivir, entre un mar de corbatas, trajes de chaqueta y ordenadores portátiles, el pastor masai Adam Ole Mwarabu parece recién sacado de una máquina del tiempo. Ataviado con un par de túnicas de rayas moradas, rojas y negras que le cubren casi hasta los pies, varios collares de cuentas de colores y una enorme dilatación en el lóbulo de su oreja derecha, el señor Mwarabu no se siente, sin embargo, extraño en ese ambiente tan aséptico. Él está acostumbrado a moverse en tales contextos. Porque este ganadero originario de Tanzania es uno de los miembros fundadores del Comité Permanente de Pueblos Indígenas de FSC (Forest Stewardship Council en inglés), una de las dos grandes organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para conseguir una gestión sostenible de los bosques que quedan en el mundo.

FSC celebró su Asamblea General de 2014 en Sevilla a principios de septiembre, a la que acudieron 600 socios para celebrar los 20 años de vida de la entidad. Entre ellos, el señor Mwarabu y una abultada representación de nativos venidos de los cuatro continentes: maoríes de Nueva Zelanda, mapuches de la Amazonia y hezhens de Siberia, entre otros, acudieron con la intención de reclamar que se respeten los derechos de las minorías étnicas.

Desde FSC saben que la deforestación es un fenómeno casi imparable: la Tierra solo dispone de 900 millones de hectáreas de bosques tropicales y ecuatoriales, el equivalente al tamaño de Estados Unidos, y ha perdido el 7% de ellos en los últimos 20 años debido al desarrollo industrial y urbano, la minería y la tala ilegal. Estas actividades amenazan con acabar con los árboles, importantes porque retienen hasta el 45% del dióxido de carbono —el principal gas de efecto invernadero— que hay en el mundo y lo convierten en oxígeno. También porque previenen la desertificación y porque albergan una gran biodiversidad. Por otra parte, las previsiones de WWF apuntan a que la demanda mundial de madera se habrá triplicado para 2050, año en el que se habrán perdido 2,3 millones de kilómetros cuadrados de bosque, una superficie mayor que todo México. El reto de este tipo de organizaciones para detener este proceso va dando sus frutos, aunque muy despacio: en 2012, ya habían certificado más de 150 millones de hectáreas en 80 países.

¿Por qué la mayor organización en defensa de la explotación sostenible de los bosques cuenta con un comité indígena? Ellos saben mejor que nadie cómo hacerlo porque han vivido de ellos durante generaciones. Los datos hablan por sí solos: Existen unos 370 millones de nativos, un 5% de la población mundial; la vida de 60 millones de ellos depende absolutamente de los bosques en los que viven. Y es más: un 40% de las masas forestales primigenias que quedan en el planeta están en manos de estos pueblos. Son, por tanto, cómplices fundamentales para cualquiera que busque frenar la deforestación y conservar las grandes áreas verdes que aún quedan en la Tierra. "Nos prestan servicios fundamentales que no estamos retribuyendo, por eso se está empezando a hablar de que sus propietarios son un activo fundamental para la conservación y deben ser retribuidos de alguna manera para que sigan existiendo. Si no, los acabarán sustituyendo por algo que les dé un beneficio", afirma Gonzalo Anguita, director general de FSC España.

El recién creado Comité —se han reunido solo cuatro veces— busca dar voz en esta mega organización a estas minorías, víctimas de todas las consecuencias que trae consigo la tala ilegal: "desde la provisión de agua hasta la deforestación, pasando por la ausencia de animales para cazar o pescar, problemas de salud, esclavitud laboral, explotación infantil...", enumera Pina Gervassi, directora general de FSC en América Latina y El Caribe, una región que cuenta con 14 millones de hectáreas certificadas de las que dos y media están exclusivamente en manos de estas minorías.

La pregunta es cómo compatibilizar la vida de los nativos con la comercialización de los productos forestales, que es algo de lo que también podrían beneficiarse ellos mismos si se hace correctamente. Pese a la importancia de estos pueblos, durante cientos de años han sido marginados, se les ha desposeído de sus tierras y hasta han perdido la vida cuando trataban de defenderlas. El último caso ocurrió el pasado 1 de septiembre, cuando cuatro ciudadanos de la etnia asháninca fueron asesinados en la frontera de la selva amazónica entre Perú con Brasil. Uno de ellos había denunciado con pruebas la tala ilegal de madera en su comunidad.

La mayoría de estos pueblos tienen derechos consuetudinarios sobre las tierras, pero solo unos pocos han conseguido que se les reconozca la titularidad. Tan solo en América Latina existen unos 200 conflictos abiertos por actividades derivadas de la minería o la extracción de hidrocarburos, según el último informe sobre la situación de los pueblos indígenas presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) durante la Asamblea Mundial Indígena, celebrada los días 22 y 23 de septiembre en Nueva York.

Sobre este tipo de conflictos se hizo hincapié en la Asamblea de Sevilla. Una de las principales quejas que se escuchó es que FSC sigue certificando bosques pese a estar en zonas en disputa, como ocurrió en 2011 cuando 700 soldados obligaron a unos 3.500 nativos a abandonar sus tierras para hacer plantaciones que posteriormente fueron certificadas por esta organización, según denunció Bill Barclay, director de investigación de la ONG Rainforest Action Network. "En Chile se están haciendo certificaciones en áreas que están en conflicto y eso es un error; una zona en conflicto con los pueblos originarios debería dejarse al margen, no se puede ir a certificar", denunció Luis Astorga, de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo de Chile.

Este problema se repite en el resto de continentes. "De lo que teníamos, ya no nos queda nada. A lo largo de los años se fueron llevando nuestras tierras mostrando unas escrituras. Fueron muy listos. Esas tierras eran nuestras", reclamó Mwarabu ante un nutrido auditorio. Mwarabu es miembro de la comunidad masai Parakuiyo, una minoría de Tanzania formada por entre 100.000 y 300.000 personas cuya economía se sustenta en el pastoreo.

Reglas que no encajan

El objetivo de FSC es garantizar que los bosques son explotados de manera sostenible, pero para demostrar a un consumidor del mundo rico que la madera del mueble que está comprando se ha obtenido mediante buenas prácticas ambientales y sociales, el material debe completar un proceso difícil y costoso que implica que ninguno de los intermediarios que manejan la materia prima, desde que se coge en el bosque hasta que llega a la tienda, viola esos criterios de sostenibilidad ambiental. En la jerga se conoce como cadena de custodia y en ningún caso debe romperse. "Estas medidas tienen unos costes, así que cuando se vende esa madera, el producto tiene normalmente mayor precio. Lo vendo más caro y esto incentiva toda la cadena pero sobre todo al propietario forestal, al dueño. Esto es vital porque, si no, los productos forestales pierden su valor. Es fundamental poner en valor los productos forestales", indica Anguita.

Los beneficios, sin embargo, no siempre llegan a las comunidades, según denunciaron en la Asamblea General de FSC. Uno de los factores que limitan la certificación de bosques manejados por comunidades indígenas es la excesiva y rígida carga de condiciones de los actuales estándares de certificación, diseñados para empresas forestales medianas y grandes, pero que no se adecuan a las condiciones en las que se desarrolla la actividad indígena. “Cuando empezamos a hablar de manejo forestal, nos encontramos con que había que hacer un plan de acuerdo con las normas de la autoridad forestal del país, y resulta que esas normas estaban muy alejadas de la realidad de las comunidades nativas”, denunció en la Asamblea Yolanda Ramírez, de la Asociación para la investigación y desarrollo integral de Perú, Aider. "Así se hace muy difícil luchar contra madereros ilegales que ofrecen dinero contante y sonante sin hacer ningún trámite. Las comunidades se comprometieron con FSC, pero ahora, cuando quieren comerciar con su madera, se les paga menos. Y se les confisca si les falta un papelito o si este se les mojó en el río. O les ponen multas… Todo eso tiene un coste económico y dificulta que se pueda avanzar", completó.

Además de los estándares inadecuados, el sistema FSC en general no brinda condiciones que permitan facilitar el acceso a la certificación de las comunidades. "Para la sociedad, certificar es muy caro, no se ha pensado lo suficiente en mecanismos de financiación para la sociedad", denunció Herri Djombo, ministro de Economía y Desarrollo Sostenible de Congo. "Los indígenas necesitamos tener nuestros propios estándares. Los certificados sirven a las empresas madereras, pero a nosotros no nos favorece, es un mercado, un negocio", criticó Diego Escobar Guzman, del pueblo indígena paratapuyo, en la Amazonia colombiana.

Ante este problema, se aprobó en Sevilla una moción para que FSC desarrolle un nuevo enfoque de certificación que responda a las necesidades y condiciones de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales. El nuevo enfoque debe mejorar el impacto del FSC en la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques tropicales y aportar beneficios que permitan reducir la pobreza de las poblaciones que dependen de los recursos del bosque para su supervivencia.

Uno de los grandes interrogantes es cómo ajustar los planes de manejo forestal a la idiosincrasia de las minorías. "Una comunidad ve al bosque como un medio de vida, no como una actividad forestal", explica Gervassi, quien insiste en que la perspectiva debe ser más global: "Debemos hablar de planes de vida, y eso significa buscar la manera de compatibilizar todo lo que ellos hacen, desde sus rituales —porque el bosque tiene un significado religioso—, hasta su subsistencia, porque el bosque es su fuente de alimentos, hasta sus ingresos económicos".

Pese a las críticas, en FSC están convencidos de que, a la larga, las comunidades indígenas salen beneficiadas al adherirse al trabajo de certificación de bosques y que esta puede ser la herramienta que les sirva para proteger sus derechos e intereses. "Desde garantizar su territorio hasta asegurar que tienen mejores condiciones de vida y no se van a ver afectados por la criminalidad o la esclavitud, hasta mejorar sus ingresos económicos" sostiene Gervassi. Aún así, esta reconoce que el acercamiento y la implementación de sistemas que permitan a las comunidades preservar sus bosques respetando sus costumbres es un reto muy grande: "Queremos llegar a ellas para que entiendan la importancia de participar en una gestión sostenible de los bosques, y eso lleva su tiempo".