Ampliar el debate

Altos cargos del Partido Popular han descalificado la propuesta de reforma constitucional publicada el lunes en EL PAÍS por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tanto por su contenido como por la contradicción que señalan: mientras los socialistas catalanes votaron a favor de la ley de consultas en el Parlament, el líder del PSOE apoya el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno de Rajoy en contra de esa norma.

La contradicción señalada existe y es evidente que los socialistas deberían madurar más sus propuestas antes de hacerlas. Sin embargo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reprocha también a Sánchez no haber dicho en qué consiste la reforma de la Constitución; es decir, le atribuye imprecisión, y al mismo tiempo le acusa de pretender “un cambio de modelo de Estado, un cambio de Constitución, no una reforma”. ¿Por qué? Si esto significa que toda alteración resulta inaceptable para el principal partido de España, la vía de la reforma constitucional quedará cegada antes de que se coloque la primera traviesa, puesto que sin el concurso del PP no hay mayoría posible para abordarla.

Las cosas deben enfocarse de un modo más constructivo. La reforma constitucional es un mecanismo de garantía y pervivencia de la máxima ley. Las Constituciones de Estados Unidos o Francia han sido enmendadas en diversas ocasiones y se ignora qué es lo que obliga al inmovilismo respecto a la española, que prevé diferentes vías de reforma. Dejarse llevar por las iniciativas de otros sin presentar alguna propia solo conduce al escepticismo sobre la utilidad de la política. La voluntad de escucharse es lo mínimo que cabe pedir a sus actores.

En su artículo, el secretario general del PSOE reconoce que la soberanía corresponde a todos los españoles y pide que se atienda la frustración, el enojo, la resistencia y el desánimo de aquellos catalanes que no aceptan el statu quo, por medio de una reforma de la Constitución en un sentido federal, a lo que añade contenidos de calidad de la democracia y reconocimiento de derechos sociales. Deja claro que su propuesta “no es una lista de condiciones previas” y pide algo tan razonable como un trabajo leal y con voluntad de acuerdo.

Lo que se necesita es ampliar el debate, no pretender cercenarlo de raíz. Sería una simpleza vincular la reforma constitucional exclusivamente al encaje institucional de Cataluña en el conjunto de España, porque no menos necesaria resulta una definición precisa del grado de competencias que corresponden al Gobierno y a las diferentes comunidades autónomas, además de convertir el Senado en una institución útil.

La displicencia de la secretaria general del PP no está a la altura de sus responsabilidades. Y descalificar a quien propone una reforma que todos tengan la oportunidad de votar revela un grado inquietante de ceguera política.