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LA CUARTA PÁGINA

Corrupción como quiebra del Estado

La crisis nos ha abierto los ojos antes cerrados, o condescendientes, al maridaje de mercado y política, causa y razón de la pérdida de legitimidad del Estado democrático en cuanto artífice y defensor del bien público

"Lo que fue, eso será”, decía el Cohelet, hijo de David, rey de Israel: “Lo que ya se hizo, eso es lo que se hará; no se hace nada nuevo bajo el sol. Hasta una cosa de la que dicen: mira, esto es nuevo, aun ésa ya fue en los siglos anteriores a nosotros”. La naturaleza humana, que dicen otros, o la fuerza de las cosas: cuando se trata de dinero y de poder o, más bien, de las tramas tejidas entre dinero y poder, lo que hemos visto, eso mismo es lo que vemos y veremos. Y lo que hemos visto desde que perdimos la inocencia es corrupción, que durante largos años ha campado por sus respetos sin temor a que una reacción airada de la opinión pública hiciera morder el polvo a los corruptos: saberlo todo de las tramas de corrupción no ha impedido que los partidos de ellas responsables repitieran mayoría absoluta en convocatorias electorales.

Esto ha sido así porque la red de relaciones establecidas entre política y dinero ha resultado en España durante las últimas tres o cuatro décadas, en suma, positiva para ambos. El político, con el dinero procedente de comisiones o directamente detraído a las arcas públicas, incrementaba su poder al consolidar y ampliar sus clientelas, mientras el hombre o la mujer de negocios, con las concesiones de obras o los encargos de festejos y otras bagatelas, garantizaba un buen trozo de esa tarta que era el mercado en continua expansión. Nada perturbaba esa relación, ni que ocultaran sus ganancias al fisco ni que sobornaran o exigieran comisiones o que se condujeran como nuevos ricos: el poder político, trabado con el poder del dinero, ya atendería a regularizar cualquier situación o a ocultarla.

Para que la trama perversa de poder y dinero, de política y mercado, engordara sin tasa a resguardo de la mirada pública e impune ante la justicia se necesitaban dos requisitos. En democracia, la representación política, el Parlamento, es solo una de las columnas de una forma de Estado que se sostiene además en el poder neutro o no partidista de la Administración. Si los diputados renuncian a su poder como representantes de la sociedad y se convierten en mera caja de resonancia del Gobierno y si el enchufismo, el nepotismo o cualquier otra forma de clientelismo estragan la Administración, entonces el ejercicio de la representación se pervierte y sus sujetos se convierten en representantes, no de los ciudadanos sino de la cúpula de sus respectivos partidos; y si el poder administrativo se atomiza y desmorona por intromisión de enchufados y nepotes, los funcionarios se ven relegados a vagar por los pasillos, incapaces de cumplir sus tareas, entre ellas, principalmente, las de control e inspección.

Si el poder administrativo se llena de enchufados, los funcionarios dejan de cumplir sus tareas

Mal que nos pese, así han funcionado las cosas en el maridaje de mercado con democracia, no solo en España, pero aquí de forma aparatosa por la recién estrenada condición de potentados y por cierta propensión a la ostentación y al despilfarro, desde que en la década de 1980 se consumó la reconquista de hegemonía del neoliberalismo sobre la socialdemocracia. La corrupción, de la que ya en 1994, con Gobiernos socialdemócratas, se podían elaborar certeros diagnósticos como el que escribió Javier Pradera (Corrupción y política, ahora publicado sin perder ni un ápice de actualidad), acabó por inundarlo todo con la llegada de los neoliberales al poder. Los cantos a la eficiencia de los mercados y la irresponsable convicción de que el crecimiento del capital, liberado de regulaciones estatales, sería perpetuo, se sumaron al desprecio de todo lo público en una desbocada carrera hacia la privatización de los bienes comunes. Quedaban tantas autopistas y tantos kilómetros de AVE por construir, tantos aeropuertos por inaugurar, tantas urbanizaciones por levantar al borde del mar, que los Gobiernos podían lanzarse a políticas expansivas que, además de afianzar en el poder al partido de turno, el PP primero, luego el PSOE, alimentarían sin fin las redes clientelares que hacían las veces de una especie de Administración paralela ocupada por gentes de confianza de los partidos.

Pero, de pronto, lo que se agazapaba tras el púdico nombre de economía social de mercado reveló su verdadero rostro: el capital, que había desaparecido de la retórica socio-política de los años de reconstrucción de la larga posguerra mundial, volvió por sus fueros de la manera que desde su origen lo ha caracterizado: con una crisis devastadora, que hizo buena una vez más la dramática predicción del utópico Robert Owen: si se deja que la economía de mercado evolucione según sus propias leyes, solo se provocarán grandes y permanentes males. Y ha sido la brutal crisis del capitalismo financiero unida a la incapacidad del Estado democrático, previamente vaciado de su sustancia representativa y administrativa, para hacerle frente, lo que ha provocado unos movimientos sociales que recuerdan a aquellas formas de autoprotección de la sociedad que Karl Polanyi teorizó como causas de la gran transformación del capitalismo salvaje del laissez-faire, cuando todo se degradó a la condición de mercancía hasta que los obreros de fábrica, con sus organizaciones de clase, y las clases medias que accedieron por la conquista del sufragio universal al poder político, frenaron la destrucción colocando las bases del Estado de bienestar.

Vivida entre nosotros como explosión de la gran burbuja, la crisis financiera global que ha sacudido por enésima vez los cimientos del capitalismo, además de suscitar esos movimientos sociales de defensa o protección de bienes comunes —sanidad, educación, pensiones—, ha tenido el efecto de volver insoportable nuestra vieja corrupción. Y no porque la corrupción haya sido la única responsable de los efectos devastadores de la crisis, sino porque la bofetada que la crisis nos ha propinado ha sido tan sonora que nos ha abierto los ojos antes cerrados, o condescendientes, al maridaje de mercado y política, causa y razón de la pérdida de legitimidad del Estado democrático en cuanto artífice y defensa del bien público: el Parlamento no ha representado a la sociedad, la Administración no ha controlado la corrupción.

Cuando la economía de mercado evoluciona según sus leyes solo se provocan grandes males

¿Qué hacer? Es claro que no se puede reconstruir la democracia del Estado sin la libertad del mercado. Los proyectos de sustituir mercado y Estado por un nuevo Leviatán elevado sobre las espaldas del pueblo-todo-entero han sucumbido dejando a sus espaldas una estela de barbarie y desolación: mal consuelo es, y maldita la gracia, repetir que el comunismo ha sido históricamente una vía cruel y despiadada hacia el capitalismo y fabular con la historia de que el socialismo realmente existente no era, en verdad, el comunismo, que seguiría inédito. Quienes hemos perdido, o nunca hemos cultivado, la mística del viejo bolchevique de la que presume Slavov Zizek, no podemos ni imaginar siquiera una “hipótesis comunista” elaborada a partir de la consigna leninista de “comenzar una vez y otra desde el principio”: eso queda para los revolucionarios de cátedra, o de salón, que vienen a ser los mismos.

Estado y mercado, qué remedio, pero con una condición: impedir que el mercado —de verdadero nombre, el capital— destruya, además de la sociedad, arrasando los bienes comunes, la democracia, convirtiendo al Estado en su chico de los recados. Tarea ingente, sin duda, que en los tiempos del capitalismo global excede con mucho el poder de cualquier Estado. Pero mientras surge un poder político interestatal capaz de meter en vereda al capitalismo financiero, rapaz y predador, de nuestro tiempo, podíamos empezar por arreglar nuestra propia casa, limpiándola de corrupción. Y para eso no se necesita ninguna regeneración, sino instituciones de Estado que en verdad representen a los ciudadanos y que vigilen, controlen y penalicen las prácticas corruptas que fatalmente germinan en los intersticios del mercado y la política. ¿Por qué no empezar dotando a la Fiscalía Anticorrupción de los medios técnicos y administrativos necesarios para cumplir sin dilaciones su tarea? La Fiscalía cuenta, según su última memoria, con una unidad de Policía Nacional de 11 miembros y otra de la Guardia Civil de 10. Dado el creciente número de casos al que se enfrenta bien podíamos multiplicar por tres o cuatro esos contingentes. A lo mejor, comenzando por ahí, tenemos la dicha, pace el Eclesiastés, de ver por una vez en la vida algo nuevo bajo el sol: que en España (Cataluña, con perdón, incluida) la corrupción ha dejado de ser el pan nuestro de cada día.

Santos Juliá es profesor emérito de la UNED.

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