Su señoría Google
El buscador tiene el poder de dictaminar los enlaces que son borrados y los que siguen vivos en Internet
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que reconoce el derecho de los ciudadanos europeos a borrar de Internet datos irrelevantes que sean dañinos para su reputación ha puesto en un brete a los buscadores, especialmente a Google, el gigante que domina el sector. Desde finales de mayo, cuando la compañía abrió el buzón para suprimir enlaces, ha recibido 120.000 peticiones. De este alud, el 30% son rechazadas y en un 15% de los casos Google pide a quienes quieren desaparecer de Internet información adicional.
Los casos son examinados uno a uno, aunque para determinar los criterios Google ha designado un consejo de sabios independiente. Este grupo de expertos está estos días de gira por Europa recopilando ideas para compaginar el derecho al olvido con el derecho a la memoria y el derecho a la libertad de información. Antes de que ese comité haya elaborado un protocolo de actuación el buscador se ha convertido en juez y parte. Tiene ahora (incluso) más poder que antes. Con los datos que facilitan los usuarios, dictamina qué enlaces conserva y cuáles suprime.
Google deja así de ser un simple soporte tecnológico a través del cual se accede a millones de contenidos y pasa a decidir sobre informaciones que afectan a la intimidad de mucha gente. Una tarea delicada, que afecta a un derecho fundamental y que debería ser más propia de las autoridades de protección de datos, que no están guiadas por intereres comerciales.
Son los ciudadanos sin relevancia pública, aquellos que no quieren ver su nombre vinculado eternamente a una información lesiva cuando lo teclean en un buscador, quienes pueden acogerse al derecho al olvido. De modo que aunque lo intentara, Álvaro Pérez, El Bigotes, no podría borrar de Google su vinculación con la trama Gürtel.
No se trata de reescribir la historia ni alterar las hemerotecas, sino de obstaculizar el acceso a datos lesivos, caducos e intrascendentes de personas sin trascendencia pública. La sentencia es un freno al fisgoneo digital. Las informaciones actuales, lícitas y de interés general están (o deberían estarlo) a salvo en Internet.
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