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EDITORIAL

Sondeos justificados

La exploración de petróleo en aguas canarias es defendible, aunque quizá ha fallado la política

La autorización de dos sondeos exploratorios de petróleo (y la posibilidad de un tercero) frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura ha provocado una intensa campaña de protesta política en Canarias. En ella participan muchas instituciones isleñas, desde el Gobierno autónomo hasta los cabildos y Ayuntamientos; pero quien la personaliza es el presidente autonómico, Paulino Rivero, miembro de Coalición Canaria. Rivero está difundiendo la idea de que el Gobierno español trata a las islas como si fueran una colonia; y esta es una afirmación peligrosa, por falsa y demagógica.

Desde una perspectiva administrativa y técnica, los sondeos aprobados no tienen por qué suponer un daño medioambiental o turístico en las aguas canarias. Las pruebas se harán a unos 60 kilómetros de la costa y fuera de la zona marítima que está propuesta para integrarse en una red de protección medioambiental. Hay que dar por descontado que el Gobierno obligará a Repsol, la empresa que hará las perforaciones, a cumplir con los requisitos adecuados de protección ambiental; y que ambos rendirían cuentas, desde sus respectivas responsabilidades, si se produjeran impactos ecológicos indeseados.

Pero, más allá de estas cautelas, convertir una exploración petrolífera en un conflicto político carece de justificación. España es un país con una dependencia energética que supera el 70% de lo que consume y el Gobierno, éste o cualquier otro, tiene la obligación de inventariar los recursos disponibles. Siempre que, hay que insistir en ello, se respeten los recursos naturales y las fuentes de riqueza de la zona.

Los precedentes de exploración no justifican la alarma social que amplifica ahora Rivero. En España se han realizado ya más de 250 sondeos petrolíferos sin problemas de contaminación; y si se pasa a la fase de explotación, serán obligados nuevos permisos y avales. Hay plataformas de extracción próximas a otras zonas turísticas sin que por ellas se haya resentido la llegada de visitantes.

El problema en realidad no es de orden medioambiental, sino político. Incluso sin considerar la probable urgencia de Paulino Rivero en mostrar sus cualidades para ser el candidato a la presidencia de Canarias en las próximas elecciones autonómicas, es evidente que la irrupción de equipos de sondeo levanta expectativas y temores. Hubiese requerido, pues, una paciente negociación previa del Gobierno y Repsol con las autoridades autonómicas y locales. En esa negociación tendría que haberse explicado claramente las garantías de respeto medioambiental, la certeza de que la operación cuenta con los seguros de responsabilidad civil y ecológica adecuados y la seguridad de que el beneficio potencial del petróleo revertirá finalmente sobre unos canarios que, por otro lado, y según reflejan los sondeos del CIS, no sienten tantos recelos hacia Madrid como el presidente Rivero quiere hacer creer en pretemporada electoral.

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