UGT debe explicarse

El caso de las facturas falsas emitidas por la Unión General de Trabajadores (UGT) a la Junta de Andalucía como una práctica de financiación fraudulenta de la organización sindical se agrava por momentos. La declaración del extesorero de la UGT andaluza, Federico Fresneda, apuntala las sospechas de que la dirección anterior del sindicato, encabezada por Manuel Pastrana, conocía perfectamente las prácticas fraudulentas extendidas en la organización. Prácticas muy sofisticadas, por cierto, puesto que requerían una tupida red de presión a los proveedores, cuyos descuentos no declarados por servicios cargados a la Administración con cargo a subvenciones constituían el grueso del fraude y requerían sistemas informáticos para casar las contabilidades real y ficticia del sindicato.

La declaración judicial sugiere que estamos ante un mecanismo de fraude extendido en el tiempo que afecta a varios equipos directivos del sindicato —quince altos cargos más ocho líderes provinciales de UGT—. Se convierte así en un problema político de mayor cuantía que ya no puede zanjarse simplemente con la dimisión en 2013 de Francisco Fernández Sevilla, secretario general anterior del sindicato. La hipótesis de que la UGT andaluza se haya financiado durante más de quince años expoliando las subvenciones y exprimiendo una red paramafiosa de proveedores afines que proporcionaban facturas falsas deteriora la credibilidad sindical, puesto que conduce a la cuestión ineludible de si la dirección nacional conocía tales prácticas y si acaso no prestó (o no está prestando) la atención debida a las cuentas regionales.

La investigación judicial aclarará sin duda (esperemos que con cierta premura) el alcance y la intensidad del fraude: pero eso no obsta para que UGT investigue por su cuenta, a efectos de regeneración interna, y ofrezca sus propias explicaciones detalladas sobre el perímetro del escándalo. La transparencia es una condición obligada en un sindicato que percibe cuantiosos fondos públicos destinados a paliar la mala situación de muchos trabajadores.

Las facturas falsas indican, además, que las instituciones públicas carecen de sistemas fiables de verificación del destino del dinero público, en general (como muestra la escasa eficacia del Tribunal de Cuentas o los sistemas de intervención), y en particular en lo que se refiere a las subvenciones a cursos de formación y ayudas a trabajadores que reciben sindicatos y patronales.