Sanidad mermada

En apenas dos años —entre enero de 2012 y enero de 2014—, el Servicio Nacional de Salud ha visto mermada su plantilla en 28.496 empleados, según datos de Hacienda referidos a una plantilla que ahora asciende a 476.689 empleados, y que no incluyen datos sobre personal laboral, eventual y sustitutos. Dado que en la mayoría de los centros los recortes han comenzado por estas categorías, la cifra global puede ser mayor; un informe sindical la eleva a 53.000. En todo caso, el decreto de congelación de la oferta pública de empleo solo permite una tasa de reposición en Sanidad del 10%, lo que significa que por cada diez empleados que se jubilan o causan baja, solo se puede contratar a uno.

Un recorte semejante de plantillas en un sector cuya actividad depende en buena medida de los efectivos profesionales tiene consecuencias para la calidad asistencial. La primera es un aumento en las listas de espera: la demora para ser atendido por un especialista es ahora de 67 días y en el caso de las intervenciones quirúrgicas programadas, de 98. Especial gravedad reviste la espera en el caso de primeras visitas con un especialista para diagnóstico: en los casos graves puede poner en peligro las posibilidades terapéuticas, y en patologías muy dolorosas, una prolongación del padecimiento.

Mientras tanto, los centros sanitarios siguen soportando una fuerte presión asistencial, agravada en algunos casos por las consecuencias de la crisis. Pese al esfuerzo que en general hacen los profesionales, la sobrecarga de trabajo no solo puede traducirse en una peor atención a los enfermos sino en el incremento de la probabilidad de que se cometan errores.

Así las cosas, no puede sorprender que sanitarios y pacientes se unan para tratar de frenar el deterioro. En ese marco pueden contemplarse datos como la denuncia de los profesionales de Urgencias del hospital de La Paz, en Madrid, alegando no disponer de medios suficientes para prestar una correcta asistencia; o el plante que han protagonizado sanitarios y pacientes en los hospitales de Bellvitge y Vall d’Hebrón, en Barcelona, para impedir el cierre de camas y servicios con motivo de las vacaciones estivales.

Ahora que el Gobierno ha cambiado las previsiones macroeconómicas y augura un aumento de ingresos fiscales, sería momento de empezar a reforzar, con las consiguientes inversiones, un servicio público tan importante.