Un trato adecuado

Las diferentes mayorías parlamentarias han dejado pasar más de tres decenios sin regular un estatuto de la Corona que, entre otros asuntos, precise cuál debe ser el órgano competente en las causas judiciales sobre miembros de la familia real. Ahora se quiere adoptar una iniciativa para que esos procedimientos sean tratados en el Supremo. No sería razonable negar a los miembros de la familia real un trato que ya se dispensa a varios miles de sus conciudadanos.

La iniciativa consiste en aprovechar un proyecto de ley en curso, sobre temas ajenos a los aforamientos, para introducir enmiendas que atribuyen al Supremo la competencia sobre asuntos civiles o penales que afecten al “Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte”, en este momento don Juan Carlos y doña Sofía. También, a la Reina consorte del Monarca en ejercicio (o al consorte de la futura Reina) y los príncipes de Asturias. La iniciativa parlamentaria se extiende a la obligación de elevar al Supremo las causas que puedan estar abiertas a la entrada en vigor de la ley.

Tanto el método adoptado como la rapidez parecen improvisados, lo que no es culpa de los afectados, sino de quienes no han legislado a tiempo. La vía de las enmiendas a un proyecto de ley que ya se encuentra en el Parlamento excluye la necesidad de consultar al Consejo del Poder Judicial o al Consejo de Estado, sacrificando así el rigor de la norma a la velocidad de la tramitación.

Colmar esta laguna legal no es una garantía contra las polémicas que pretendan levantar aquellos que, con razón o sin ella, planteen demandas o querellas contra un miembro de la familia real. Conceder fuero de un tribunal en concreto no implica blindaje alguno, sino el señalamiento de un órgano específico para el eventual procedimiento.

Más allá de las cuestiones formales, esta polémica sucede a otras sobre el exceso de aforamientos que existen en España, sin parangón en otras democracias. Durante muchos años se ha convivido con una situación en la que han dispuesto de fuero altos cargos del Gobierno y de la judicatura y de la fiscalía, así como miembros de otros órganos estatales, parlamentarios de las Cortes, parlamentarios autonómicos o cargos políticos de las comunidades. Todo eso debería limitarse, aunque no a costa de negar el aforamiento a los miembros de la familia real.