La lucha contra el blanqueo

El fenómeno de la globalización ha traído consigo importantes desafíos regulatorios y de supervisión a las autoridades económicas nacionales e internacionales. Uno de los más importantes es la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, dos fenómenos universales que se aprovechan de la paulatina eliminación de barreras a la libre circulación de capitales y mercancías. La tolerancia social contra estas prácticas es nula y exige una respuesta global y coordinada entre distintos países y una revisión periódica de las políticas más eficaces para combatirlas. Se trata de buscar un equilibrio entre seguridad, equidad y libertades individuales y su fin es desterrar prácticas antidemocráticas y antisociales.

España forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo intergubernamental encargado de coordinar la lucha internacional contra el blanqueo y la financiación a actividades terroristas, desde su fundación en 1989. Ha sido uno de los primeros países en adaptar a su legislación los nuevos estándares internacionales en la materia, aprobados en 2012, y a los requisitos de la IV Directiva de Blanqueo, aún en discusión en Bruselas. En este contexto se enmarca la reciente aprobación por el Consejo de Ministros del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo, que supone un reforzamiento y actualización de las políticas de prevención en nuestro país.

Una de las principales novedades es la creación del Fichero de Titularidades Financieras, que aglutinará información sobre todas las cuentas de ahorro, depósito y de valores abiertas en entidades bancarias en España. El objetivo es facilitar la tarea de la policía, fiscales y jueces en la lucha contra este tipo de delitos. En esta gran base de datos va a constar el nombre de los titulares de las cuentas, sean personas físicas o jurídicas, y el de los apoderados e intervinientes. El encargado de la gestión de los datos contenidos de este fichero será el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. En ningún caso se van a incluir los datos de los saldos o los movimientos bancarios.

La creación de este fichero no supone que las autoridades españolas vayan a contar con mayor información financiera sobre los ciudadanos. La policía, los jueces y los fiscales ya acceden a una información incluso más amplia en el marco de las investigaciones para la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, facilitada a través de las patronales bancarias. Además, la Agencia Tributaria cuenta con información de los rendimientos de nuestras cuentas a efectos del pago del IRPF, como sabe cualquier contribuyente.

El objetivo es situar a España a la vanguardia mundial en la prevención y sanción
de este tipo de delitos

Lo que se pretende con este nuevo instrumento es facilitar el acceso a estos datos de una manera más ágil. Ello va a permitir mejorar la eficacia de las investigaciones patrimoniales y el bloqueo cautelar de cuentas para que, en caso de existir condena por blanqueo o financiación de actividades terroristas, el decomiso de los bienes y activos sea rápido y se reduzca la huida de fondos.

España cumple así con una de las recomendaciones del GAFI y se asemeja a otros países que ya trabajan con instrumentos similares, como es el caso de Francia y Alemania. El Gobierno ha establecido los controles necesarios para que el uso de esta información se destine única y exclusivamente a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado deberán tener autorización judicial o fiscal para poder acceder a los datos. Cada autoridad con capacidad para requerir información del fichero con la correspondiente orden judicial deberá fijar un único punto de acceso desde el que se realizarán las consultas, con el objetivo de tener un registro de cada solicitud de información. Además, el Consejo Fiscal va a nombrar a un fiscal que auditará el uso del fichero y valorará si se hace conforme a la ley.

La creación de este fichero, que estaba prevista en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales aprobada en 2010, ha sido informada por la Agencia de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, y sus observaciones fueron incorporadas al reglamento recientemente aprobado. Posteriormente, se sometió a consulta del Consejo de Estado, que validó la base legal de esta nueva base de datos estatal y planteó algunas observaciones de mejora que también se han incorporado a la regulación. La consulta pública se hace, precisamente, para que los sectores implicados opinen y el regulador incorpore lo que considera de interés general.

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es prioritaria, y el objetivo de estas medidas es situar a España a la vanguardia mundial en la prevención y sanción de este tipo de delitos. A veces estas prácticas van por delante de la capacidad de los poderes públicos para combatirlas. En esta ocasión intentamos ir por delante, mediante una actualización y mejora constante tanto de la normativa como de los medios materiales y humanos.

Fernando Jiménez Latorre es secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.