Corruptelas en el AVE

La construcción de obra pública en España suele asociarse a desviaciones de costes, encarecimientos poco justificados y, en algunas ocasiones, a malversación de fondos. La investigación judicial sobre el supuesto fraude en la construcción de un tramo en el AVE Madrid-Barcelona, en el que estarían implicados funcionarios de Adif (el gestor de obras ferroviarias) y empleados de la empresa Corsan-Corviam, pretende aclarar si los cargos públicos aprobaron obras con sobrecostes a cambio de dádivas y varios cohechos que equivalen a una malversación de fondos públicos de seis millones.

Sobre la investigación en sí misma, cabe exigir y esperar que se aclare de forma rápida si efectivamente hubo malversación de dinero público. El caso, conocido como Operación Yogui, surge en un contexto de contratación pública que resulta manifiestamente mejorable. Es habitual que los contratos públicos de obras importantes se adjudiquen a ofertas muy a la baja (ofertas temerarias), a sabiendas de que después la empresa adjudicataria podrá elevar impunemente la factura a través de las modificaciones de obra o los gastos complementarios. No es lo mismo una ampliación presupuestaria para sufragar gastos imprevistos, circunstancia tasada y perfectamente legítima, que el encarecimiento consciente y artificial de los costes para saquear dinero público; pero es evidente que la ausencia de un control riguroso para gestionar las desviaciones de gasto favorece la posibilidad de corruptelas como las que ahora se investigan. Recuérdese que el AVE Madrid-Barcelona tuvo un presupuesto de partida de 7.550 millones de euros, se adjudicó por 6.822 millones y acabó costando al erario público 8.996 millones.

La credibilidad de las cuentas públicas y el respeto al dinero de los contribuyentes exige que se apliquen controles a las desviaciones presupuestarias. El primer paso sería rechazar las ofertas descaradamente a la baja, que solo persiguen quedarse con el contrato para manipular después los costes; el segundo consistiría en incluir en los contratos cláusulas de arbitraje de las diferencias presupuestarias, cuando se produzcan, siempre que dichas diferencias no excedan el 10% del coste total; y el último, pero no menos importante, implica activar los organismos externos de control del gasto, como el Tribunal de Cuentas o las comisiones del Congreso, de forma que sus dictámenes sobre la idoneidad de lo invertido no se demoren durante años.