Un gesto de firmeza

La firmeza con que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha frenado una entrega discrecional de casas por parte de la consejería de Vivienda, en manos de IU, sale al paso del debate generado por una gestión discutible para el realojo de un colectivo de okupas. Pero más allá del hecho concreto, también plantea la discusión de lo que debe hacer un partido de gobierno. Parece obvio que ha de respetar las leyes, o cambiarlas cuando no se adecúen a su programa. Lo que no se puede es tratar mejor a los okupas que a los que aguardan turno en las listas de espera, y eso es lo que ha quedado en cuestión a cuenta de este episodio.

No hay duda de que la vivienda es un asunto grave en Andalucía, como en otras partes de España. Hay un amplio movimiento de protesta, se multiplican las movilizaciones por el derecho a una vivienda digna; y los intentos de resolver este serio problema siempre resultan insuficientes frente a la magnitud de las necesidades causadas por la crisis tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Siendo cierto todo eso, Andalucía es precisamente la comunidad en la que Izquierda Unida gestiona desde el poder las competencias de Fomento y Vivienda, lo cual le llevó a alumbrar la ley antidesahucios —recurrida al Constitucional por el Gobierno de Rajoy—, en paralelo con la existencia de experiencias como la llamada Corrala Utopía, sobre la que hasta hace poco nada decían ni el PSOE ni IU. El desalojo de sus okupantes se produjo por orden judicial, que también encomendó a los poderes públicos el alojamiento de aquellas personas que estuvieran en riesgo de exclusión social. Sin evaluar cuáles eran, la consejería procedió a gestionarles viviendas públicas. Se da así la impresión de que merece la pena utilizar el método de la patada en la puerta, en vez de aguardar el turno de adjudicatarios de viviendas públicas.

Resulta un tanto simple la visión de Cayo Lara, líder de IU, que divide a las partes de este conflicto político entre los que piensan que los desalojados “tenían que dormir debajo de un puente” y los que, como IU, creen que “tienen que dormir en viviendas siempre que haya viviendas”. El político ha de buscar soluciones legales, en vez de limitarse a coger lo que haya sin más trámite. Andalucía es una de las comunidades con mayor tasa de paro (más de un millón de desempleados), necesitada de atraer inversiones para reactivar la economía. Precisamente porque el problema es muy grave, tiene poco sentido suponer que las soluciones vendrán del populismo.

Falta por ver hasta qué punto la crisis de los okupas afecta a la estabilidad de la coalición PSOE-IU en Andalucía. Es posible que se resuelva sin traumas, sabiendo que Susana Díaz tendría que anticipar las elecciones en caso contrario. La presidenta de la Junta de Andalucía ofrece un perfil de audacia y autoridad que acrecienta su papel como valor en alza en el PSOE.