Demasiada casualidad

En menos de 24 horas, dos personas han fallecido cuando estaban siendo detenidas por los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana. La primera muerte se produjo en la plaza Molina de Barcelona. Los Mossos fueron alertados de que un hombre molestaba a los clientes de una cafetería. La presencia policial exacerbó la excitación del hombre, que fue reducido por seis agentes. Cuando ya estaba esposado, se desmayó y murió. La víctima estaba notablemente alterada, pero no iba armada. La segunda muerte se produjo en Salou, durante la detención de un hombre que estaba agrediendo a su pareja. La mujer estaba herida y el hombre tenía una actitud muy agresiva, por lo que costó reducirlo. Ya esposado, se desvaneció y murió.

Los datos que se conocen no permiten determinar si se ha producido o no un abuso policial, pero resulta insólita y muy inquietante la frecuencia con la que se suceden incidentes graves, algunos de ellos mortales, en operaciones protagonizadas por este cuerpo policial. Las dos últimas muertes se han producido justo seis meses después de que el empresario Juan Andrés Benítez falleciera en una actuación policial en El Raval por la que están imputados diez agentes, nueve de ellos por homicidio. En esta ocasión el consejero de Interior, Ramón Espadaler, se ha querido curar en salud y, a diferencia de lo ocurrido en el caso Raval, ha ordenado una investigación interna inmediata aunque ha asegurado que, con la información de que dispone, en ambos casos la actuación de los policías “se ha adecuado a los procedimientos establecidos”. El problema es que la credibilidad del responsable político de los Mossos quedó gravemente dañada por su reacción ante la muerte del empresario. Los mandos policiales dieron una versión de los hechos que resultó ser falsa, como se pudo comprobar posteriormente en un vídeo, y el atestado policial tampoco se correspondía con los hechos. Con estos antecedentes es preciso insistir en la necesidad de que se investigue a fondo lo ocurrido.

En cualquier caso, parece obvio que algo no funciona bien en un cuerpo policial que tiene abiertas tantas causas en los juzgados. En estos momentos, seis agentes de El Vendrell están imputados por lesiones a un detenido el 31 de diciembre pasado; otros ocho lo están por la muerte de un hombre de origen marroquí en esa misma comisaría en julio; y nueve agentes más de Barcelona están también imputados por golpear y vejar a tres jóvenes tras detenerlos el verano pasado. Son solo los casos más recientes. En todos ellos, igual que en las tres muertes, se ha alegado que los arrestados estaban “muy alterados” y que se han aplicado los “protocolos de actuación”. Sorprende que unos incidentes protagonizados por personas que, por muy alteradas que estén, no van armadas y no respresentan un grave peligro, acaben provocando mucho más daño —la muerte— que el que se pretende evitar. Si las actuaciones policiales se han ajustado al protocolo, es evidente que habrá que revisar también esos protocolos.