Demasiados errores

La operación para salvar las autopistas quebradas se presenta, una vez más, como la mejor solución para evitar males mayores, es decir, la destrucción del empleo, la desaparición de las empresas concesionarias, el daño a los acreedores y el pago de la responsabilidad patrimonial del Estado. La propuesta del Gobierno, es decir, de Fomento y Hacienda, sugiere crear una sociedad pública que integre las nueve concesionarias en dificultades (las radiales de acceso a Madrid, la Madrid Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y la que une Madrid con el aeropuerto) y se impone a los prestamistas una quita del 50% de la deuda. En total, los contribuyentes deberían cargar con una deuda inicial por las quiebras de 2.400 millones de euros.

El argumento a favor de la propuesta del Gobierno es que para el Estado sería más costoso hacer frente a la Responsabilidad Patrimonial, evaluada en unos 5.000 millones. Pero el razonamiento no deja de ser, otra vez, una versión del callejón sin salida. Si los ciudadanos tienen que cargar con los costes de las quiebras, la contrapartida mínima es que se abra una investigación, política y judicial, para definir las responsabilidades de quienes proyectaron, autorizaron y construyeron un negocio ruinoso para los ciudadanos. El hecho de que el método de financiación para pagar a los acreedores (bonos a 30 años, al 1% de interés) no genere déficit no es excusa, porque el daño económico existe y, además, se proyecta sobre entidades financieras cuya suerte puede acabar repercutiendo en las arcas públicas. No basta con buscar una solución aquí y ahora, un parche financiero para evitar lo peor; es exigible una aclaración política del desastre viario.

La ruina de las concesionarias se atribuye a cálculos defectuosos del flujo del tráfico —presumiblemente sobreestimado en su día para forzar la concesión— y a los errores en la fijación del coste de las expropiaciones. Demasiados fallos para tratarse de operaciones donde las variables decisivas no llegan a la media docena. Pero nada se dice de la gestión, ni tampoco de la responsabilidad de las empresas matrices de las concesionarias, que incorporaron seguramente en sus cuentas de resultados los beneficios de la construcción y ahora se separan oportunamente de la situación de pérdidas de las concesionarias participadas.