Justa compensación

La mayor novedad que incorpora la tercera gran reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo proyecto aprobó el viernes el Gobierno, es el reconocimiento de que la prensa tiene derecho a percibir una compensación por parte de los agregadores de noticias que utilizan, ahora de forma gratuita, sus contenidos. Es un principio esencial por cuanto la difusión de dichos contenidos de manera masiva es una práctica lesiva para la prensa. De hecho, otros países como Francia, Bélgica o Alemania han llegado a acuerdos con los grandes agregadores de noticias, como Google, para apoyar a la industria nacional frente a multinacionales que han acaparado parte de la publicidad que antes beneficiaba al productor de esas noticias. La Asociación de Editores de Diarios de España, a la que pertenece este periódico, ha aplaudido la medida porque supone un reconocimiento del valor de los contenidos.

La puerta que ahora se abre a la prensa ha de traducirse en un avance real acotando adecuadamente la ley. Los agregadores de contenidos, según ha explicado el Gobierno, no tendrán que pedir permiso para utilizarlos siempre que se trate de “fragmentos no significativos”, lo que exigirá definir tal concepto, de la misma manera que serán las entidades gestoras de los derechos de autor las que fijen la “remuneración equitativa” a la que tendrán derecho los generadores de contenidos.

En todo caso, la ley, una vez entre en vigor, amparará unas negociaciones a las que los agregadores no siempre están abiertos. La prensa, por su parte, contará con un nuevo instrumento con el que quizá logre una distribución más equitativa de los beneficios que genera su actividad y que ahora se desvían hacia esos intermediarios que se lucran de su trabajo.

Quedan cabos sueltos. Se pretende dotar de mayor transparencia a las entidades de gestión, pero no hay control de tarifas ni del reparto de derechos de autor. La restricción de copia privada puede terminar perjudicando a los negocios en la nube. El sector está ávido de normas que clarifiquen el mercado y establezcan una mejor concurrencia. Hará falta mejorar el proyecto en el trámite parlamentario.

Esta reforma promete estrechar el cerco a la piratería, pero también en este punto se queda corta. La Comisión de Propiedad Intelectual puede imponer multas y estrangular financieramente a las páginas ilícitas, pero solo podrá bloquearlas como último recurso (y, como hasta ahora, con tutela judicial). Aliviar el procedimiento evitaría la inoperancia, toda vez que se ha renunciado al corte del servicio y al apercibimiento de los usuarios. Reforzar la composición de la comisión sería una buena opción para aumentar su capacidad de reacción.

Frenar la piratería es un reto de primer orden porque esta práctica produce pérdidas cuantiosas en términos económicos y de empleo. La ventaja de los legisladores es que la sociedad ya no escucha el discurso tramposo de una Red carente de reglas y de derechos.