Retrasar lo inevitable

El proyecto de Ley de Reforma de las Pensiones que empieza su tramitación en el Senado presenta interrogantes de peso que el Ministerio de Trabajo, impulsor de la reforma, no acaba de despejar. En sustancia, el nuevo modelo de pensiones sustituye la revalorización indexada al IPC por otra unida a los ingresos y gastos del sistema; establece además un criterio de ajuste a partir de la jubilación a los 67 años, de forma que la cuantía inicial de la pensión se recorte progresivamente en función de lo que suba esa esperanza de vida. Estos factores de sostenibilidad de las pensiones, aunque sean necesarios para salvar el sistema de reparto, suponen un golpe a las percepciones de los pensionistas futuros y son difíciles de explicar políticamente. Por ello, el Gobierno ofrece una leve compensación que le sirve además para defender que no baja las pensiones: en tiempos de recesión garantiza una revalorización del 0,25% y en épocas de prosperidad la subida será del IPC más el 0,5%.

Ahora bien, las compensaciones añadidas probablemente no evitarán que los pensionistas vayan a perder poder adquisitivo con el nuevo procedimiento, que satisface la exigencia comunitaria de desvincular las pensiones del IPC. A pesar de las evasivas, una proyección moderada de pensiones y precios indica que esa pérdida se prolongará durante al menos los próximos 10 años. Aunque se produzca un aumento nominal de las pensiones, habrá una depreciación real. Pensar que la revalorización mínima pueda estar por encima de la inflación equivale a sostener que España sufrirá un proceso deflacionista prolongado, algo que parece improbable.

El nuevo sistema sancionado por el proyecto de ley puede garantizar la supervivencia del sistema actual de reparto, aunque algunos economistas y políticos entienden que se ha quedado corto en el recorte de las prestaciones. Tampoco garantiza la suficiencia de las pensiones. De hecho, la supervivencia del sistema de reparto, afectada principalmente por una demografía que aumenta sensiblemente el envejecimiento de la población y eleva progresivamente el número de años vividos después de la jubilación, podría conseguirse mediante la reducción paulatina, pero sistemática, de la pensión percibida.

La proyección demográfica y laboral es pesimista: el envejecimiento de la población (el INE prevé que a partir de 2017 haya más muertes que nacimientos) reduce la relación entre activos y pensionistas, hasta el punto de que en el año 2020 el sistema de pensiones podría colapsar; la pérdida de calidad de los empleos y una tasa de paro persistente contribuirían a ese colapso; y el proyecto aprobado en el Congreso apenas retrasará la crisis durante unos años. Un parche insuficiente. Por estas razones parece necesario considerar una reforma del sistema, que no trate simplemente de garantizar la supervivencia a costa de un descenso permanente de las pensiones, sino que reconozca factores de capitalización de las aportaciones de los trabajadores. Un modelo nuevo.