La batalla judicial

El PP había adoptado un rumbo inquietante con la reforma de la Ley del Poder Judicial, llevada a cabo de forma unilateral gracias a la mayoría absoluta. Sin embargo, a la hora de plantearse la renovación del órgano de gobierno de los jueces, se ha negociado una fórmula para que PSOE, CiU, PNV e IU apoyen la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial que corresponde a las dos Cámaras de las Cortes. Así, el futuro órgano contará con más apoyo que la mayoría reforzada requerida legalmente —y que el PP posee por sí mismo en el Senado—. La oposición, aunque contraria al cambio de ciertas reglas del juego, a todas luces ha preferido este acuerdo antes que arriesgarse a un boicoteo.

El nuevo Consejo corre el peligro de quedar estructuralmente debilitado. Con el criterio de ahorrar costes, la reforma legal llevada a cabo ha retirado a 14 de los 20 vocales el carácter de miembros permanentes, de modo que la mayoría de los miembros del Consejo harán compatible esa función con tareas profesionales o jurisdiccionales. Ejercer de abogado, por ejemplo, y formar parte del Consejo del Poder Judicial no es la mejor garantía de independencia; o simultanear la condición de juez en activo con la de actuar (a ratos) como gobernante de los jueces. El Consejo conservará una estructura permanente —el presidente y cinco de los vocales—, pero la mayoría de los miembros lo serán a tiempo parcial, y esto es una experiencia inédita.

Ahora todo depende de cómo se administre la nueva situación. Y a este respecto hay que recordar dos cosas: primero, que la designación del presidente corresponde a los vocales elegidos por las Cámaras parlamentarias, y no al jefe del Gobierno ni al de la oposición; y segundo, que las Cámaras deben asegurarse de la idoneidad de todos los vocales a designar, para evitarse sorpresas futuras. No se vaya a repetir la penosa experiencia de una reciente renovación del Constitucional, cuando el Senado no se enteró de que entre los propuestos por el PP había un militante de este partido que, precisamente, ha devenido en presidente del Tribunal.

La exigencia en ese terreno se extiende a la necesaria cualificación de los miembros de un órgano constitucional colegiado. Mucho depende de la calidad profesional y de la imparcialidad de los candidatos. Y ese es el terreno en que les espera la ciudadanía, porque la recuperación de la credibilidad de la justicia no vendrá solo de un acuerdo político.

Un factor de crítica muy fuerte proviene de cuantos vienen defendiendo que los partidos —y en definitiva, el Parlamento— se retiren del Poder Judicial. Ahora bien, la alternativa a la intervención política en los nombramientos consiste en que los jueces se gobiernen a sí mismos, una opción nada deseable, porque un poder del Estado no debe ser un órgano corporativo, sino vincularse, directa o indirectamente, a la soberanía popular.