Bruselas presiona

A pesar de que la política económica del Gobierno desde que tomó posesión a finales de 2011 tenía como objetivo principal recuperar la estabilidad financiera del Estado, para lo cual resulta necesario reducir el déficit público y la deuda pública, y aunque eso ha causado recortes importantes en el Estado de bienestar, los logros en materia de déficit y deuda han sido insuficientes. En 2012, el Gobierno no consiguió cumplir con el objetivo de déficit y no está claro que este año lo pueda lograr. Mientras, la deuda sigue creciendo, hasta el punto de que en septiembre ha tocado un nuevo máximo (954.863 millones, el 94,2% del PIB).

En las últimas semanas, el fin de la recesión, la probabilidad de que en 2014 España recupere un crecimiento modesto y la tranquilidad de los mercados han relegado a un segundo término las dificultades para cumplir con los objetivos de estabilidad pactados con Europa. Pero la Comisión Europea ha vuelto a fijar la atención en el déficit y la deuda. En su análisis de los presupuestos de la zona euro, la Comisión llama la atención sobre las cuentas públicas españolas: considera que existe riesgo de que se incumpla el objetivo de déficit en 2014 y pide nuevos ajustes presupuestarios hasta 2016. Recomienda que se avance por la vía de las reformas estructurales (pensiones, nuevos cambios en las normas laborales); pero mientras la apelación a las reformas es genérica, su percepción de los riesgos presupuestarios es muy concreta. Según sus cálculos, España tiene que hacer un esfuerzo de ajuste adicional de 35.000 millones.

El examen de Bruselas coloca al Gobierno en un dilema que no es nuevo, pero sí perentorio. Si pretende cumplir con los objetivos de déficit, tendrá que ajustar esos 35.000 millones en forma de nuevos recortes de gastos y más impuestos. La declaración del ministro de Economía de que el requerimiento de Bruselas no compromete las rebajas fiscales previstas para 2015 debe ponerse en cuarentena, al menos de momento; salvo que se opte por incumplir el déficit o se cargue todo el peso del ajuste en el capítulo de gastos, opciones que no parecen sencillas.

Un ajuste de otros 35.000 millones puede frenar el incipiente y modesto crecimiento que asoma tras el fin de la recesión. Si se aplican los ajustes pedidos para 2014 (unos 2.500 millones) la previsión de crecimiento del Gobierno (0,7%) es improbable. Negar la mayor, es decir, afirmar que no son necesarios más recortes para cumplir con el déficit el año próximo y siguientes, equivale a negar la realidad; o, lo que es peor, decir una cosa en Bruselas y otra en Madrid. Una política económica firme tiene que decidirse: o bien acepta las consecuencias de los compromisos de ajuste, o bien declara que el objetivo de déficit es un factor secundario para la estabilidad financiera. Al fin y al cabo, el crecimiento económico genera estabilidad. Pero, en todo caso, estamos ante un dilema que el Gobierno debe aclarar.