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El acento
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Perplejidades costeras

Una carpa playera situada en dominio público construye sin licencia de obras y recibe subvenciones de la Junta y el Gobierno central

El País
Marcos Balfagón

El chiringuito La Carpa de Matalascañas (Huelva) acaba de recibir un premio medioambiental. Ha sido el más destacado, para la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, de todos los que se han presentado a la segunda convocatoria del galardón, creado el año pasado.

El premio subraya los méritos del local: recogida selectiva de residuos y aceites, descarga de agua controlada, sistema de extracción de humos, alumbrado de regulación automática y servicio de información sobre los valores del litoral.

Entre esa información, sin embargo, no habría estado mal añadir alguna otra que, a buen seguro, hubiera creado cierta perplejidad.

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La Carpa era un sencillo chiringuito de madera que se alzaba sobre la arena de la playa desde hace dos décadas. Hace un par de años, animado por el éxito, su dueño decidió ampliar la instalación. La Ley de Costas, vigente desde 1988, puso su punto de mira en estos negocios y prohibió hacer obras en las construcciones situadas en dominio público, especialmente cuando son una ampliación del perímetro antiguo.

No obstante, La Carpa fue derribada y en su lugar, a solo 20 pasos de la orilla, se empezó a erigir un edificio de hormigón de tres alturas para desesperación de los vecinos, que hasta esa fecha tenían vistas al mar. Como es lógico, el Ayuntamiento de Almonte abrió un expediente y el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) denunció las obras, razón por la cual un juzgado ha imputado ya al propietario.

E l chiringuito fue construido sin licencia de obras —lo que no derivó en la habitual paralización de los trabajos—, pero eso no impidió que la Junta de Andalucía le concediera una subvención de 85.477 euros para construirlo y desmentir aquello de que las empresas carecen de financiación, confirmando de paso que el poco aprecio hacia la Ley de Costas no conoce fronteras. No es que la dotación del premio (4.000 euros) sea un despilfarro, pero para ser un chiringuito responsable se deberían contrastar los méritos ecológicos antes mencionados con el expediente completo.

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