Corrosión

La corrupción se ha convertido en el principal factor de corrosión de la moral y de la confianza en los partidos políticos y las instituciones, y es ya el segundo problema que más preocupa a la ciudadanía después del paro, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. A ello se refirió ayer, acertadamente el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Especialmente preocupante es el dato de la memoria de la fiscalía según el cual se ha incrementado en un 23% los casos de prevaricación administrativa y en un 120% los de fraude por parte de una autoridad o un funcionario público, delitos que comportan un claro abuso de poder. Todo ello ayuda a entender que los políticos se hayan situado en el cuarto puesto de la lista de lo que más preocupa a los ciudadanos; con lo que, en lugar de ser parte de la solución, como debieran, son percibidos como parte del problema.

Atribuye el fiscal general el problema, en gran parte, al desencuentro entre la sociedad y la justicia, y señala las limitaciones del proceso penal a la hora de controlar la acción administrativa. Si se ha llegado hasta este punto es por la falta de mecanismos para prevenir la corrupción o para perseguirla en sus inicios. El hecho de que se estén investigando ahora casos que se iniciaron hace mucho tiempo y se prolongaron durante años con una gran cantidad de implicados indica que no han funcionado los mecanismos de control. Ni los ordinarios de procesos administrativos ni aquellos otros encargados de una función específica, como el Tribunal de Cuentas.

A la falta de mecanismos de control hay que añadir la escasez de recursos. La Fiscalía Anticorrupción dispone de medios para las causas más notorias, pero el 80% de los casos de corrupción van a parar a los juzgados ordinarios, que trabajan en condiciones de notable precariedad. Tampoco tienen la dimensión adecuada otros instrumentos de soporte de la justicia, como los destinados a combatir el fraude fiscal.

Para una sociedad tan afectada por la crisis, que ve cómo se recortan los servicios públicos, resulta descorazonador comprobar que muchos de los casos de delito por fraude fiscal que se investigan han prescrito, y que otros se saldan con penas mínimas por problemas en la instrucción. La dilación en los procesos, con una media de ocho años de tramitación en los casos de corrupción, no puede sino contribuir a la desconfianza en la capacidad del sistema judicial para hacer frente a esta situación.

La justicia tiene una gran responsabilidad en la lucha contra la corrupción; pero, para ejercerla, se necesita un poder judicial fuerte e independiente. Y si en los últimos años ha sufrido un creciente descrédito por los intentos de control partidista, ahora su credibilidad no se verá precisamente reforzada por una reforma que deja prácticamente en manos del Ejecutivo el gobierno de los jueces.