Transparencia, pero poca

El debate de la Ley de Transparencia en el Congreso ha reducido las posibilidades de un amplio pacto parlamentario para combatir la corrupción. Gran parte de la oposición ha votado contra el proyecto de ley no solo por desacuerdo con su contenido, sino por la negativa del PP a facilitar el control parlamentario del Gobierno. El PSOE, que participó en el esfuerzo a favor del consenso, se ha retirado del mismo al considerar “insalvable” la contradicción entre el rodillo de la mayoría absoluta y el intento de potenciar el valor de la transparencia. Lo que podría haber sido un punto culminante de la legislatura se queda en un intento a medias.

Es cierto que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha trabajado a favor del consenso, pero paga el pato de la profunda desconfianza entre los partidos principales. Una verdadera rectificación del clima de trapacerías y de opacidades no puede limitarse a la redacción de una norma, sino que exige una cultura política más respetuosa con los ciudadanos y con sus representantes. Lamentablemente, la praxis habitual es otra, como lo demuestra el constante recurso al uso de la corrupción como arma arrojadiza contra el adversario. Reconstruir la vida pública sobre bases más sanas precisa de una voluntad mucho más férrea y compartida.

Aun así, las cosas requieren un principio. Promulgar una Ley de Transparencia es un punto de partida, sobre todo porque acaba con la anomalía de que España sea uno de los pocos países de Europa sin regulación alguna en la materia. Se estima que la norma afectará a decenas de miles de instituciones y entidades, que se verán obligadas a dar información sobre contratos, retribuciones, convenios o subvenciones. En el perímetro de la ley quedan incluidos la Casa del Rey, el Banco de España, la Iglesia católica, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y, en general, aquellas entidades cuya financiación esté compuesta en un 50% por fondos públicos.

Pero la amplitud de las excepciones previstas al derecho de los ciudadanos a pedir información —desde la seguridad y la defensa nacional, a los intereses económicos o comerciales, la política económica y monetaria o la confidencialidad sobre procesos de toma de decisión— preocupa a entidades y expertos que han presionado a favor de la ley. Lo mismo que el rechazo de solicitudes de información por simple silencio administrativo. Tampoco es evidente la independencia del órgano encargado de hacer cumplir la ley, que será adscrito al Ministerio de Hacienda y, por tanto, al Gobierno.

Queda el trámite del Senado para dar oportunidad de buscar mayor consenso. Del resultado final puede depender la suerte del resto de las reformas anticorrupción anunciadas, entre ellas la ley de control de la actividad económica y financiera de los partidos. No es concebible que las reglas del juego sean dictadas solo por uno de los jugadores.