Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra
TRIBUNA

Integridad pública, venalidad privada

La corrupción española no afecta a los servicios públicos ni a los funcionarios

El clima institucional de nuestro país está gravemente deteriorado por lo que se percibe como un síndrome de corrupción generalizada. Así lo revelan los indicadores del CIS que, tras la publicación en febrero pasado de los llamados papeles de Bárcenas, cayeron entre un 20% (el indicador de confianza política) y un 30% (el de situación política actual), esperándose una nueva caída análoga para los de este último mes, tras la confesión judicial del antiguo tesorero del partido en el poder. Sin embargo, si atendemos al ranking de la corrupción global que viene publicando Transparencia Internacional, advertiremos que nuestra posición relativa no es tan mala como podría parecer, comparada con los países de nuestro entorno. Es probable que nuestros datos empeoren cuando se publiquen los de 2013, pero según el Índice de percepción de la corrupción de 2012, España se sitúa con 65 puntos en la posición 30ª del ranking mundial, mucho más cerca de Francia (posición 22ª con 71 puntos) que de Italia (posición 72ª con 42 puntos), aunque a gran distancia todavía de los europeos del norte que lideran la clasificación, encabezada por Dinamarca y Finlandia (con 90 puntos).

¿A qué se debe esta benévola imagen comparada de nuestro país, cuando según la prensa doméstica nuestra corrupción resulta desmesurada? La explicación es muy simple. La metodología usada por Transparencia Internacional recurre a encuestas que investigan sobre todo la práctica del soborno, que es relativamente frecuente en las sociedades emergentes o en los Estados fallidos, pero muy baja en nuestro país. Y para evitar ese sesgo que infravalora la corrupción española habría que distinguir dos clases de corruptelas distintas entre sí. Por una parte está la microcorrupción de los sobornos a empleados públicos, que en nuestro país son muy infrecuentes. Una excepción fue el caso Guateque, una trama de concesión de licencias exprés a locales comerciales que fue denunciada hace seis años en el Ayuntamiento de Madrid, con más de 100 imputados de los que 28 fueron finalmente procesados, siendo solo seis de ellos funcionarios o técnicos municipales.

Y luego está la macrocorrupción propiamente dicha, las tramas de cohecho con las autoridades públicas para la obtención de grandes contratos de obras y servicios, así como de infraestructuras urbanas. Es el caso de las redes clientelares como Gürtel o Filesa, así como todo el historial de cohechos revelado por la confesión de Bárcenas. Pero es preciso señalar que en esta corrupción a escala macro no intervienen los funcionarios, sino aquellos políticos de partido con capacidad para decidir (concejales, alcaldes, consejeros, ministros) y otros cargos de libre designación que forman parte de sus redes de confianza, así como por supuesto los empresarios corruptores y otros intermediarios especuladores o comisionistas. Y debe subrayarse que todos ellos, aunque ocupen cargos públicos electos, actúan en exclusiva defensa de intereses de parte, ya sea movidos por el afán de lucro que caracteriza a los intereses privados o por el afán de poder que caracteriza a los partidos políticos aunque digan defender el interés general.

La regla de oro de la competitividad lleva en la práctica a la corrupción

Pero por extendida que esté, colonizando grandes áreas de las Administraciones públicas, esta macrocorrupción está muy localizada en las altas esferas del poder empresarial y político, sin que afecte para nada al grueso de los cuerpos de funcionarios y demás servidores públicos. De modo que, contra el estereotipo de PIGS con que nos descalifican los nórdicos, muy bien podría sostenerse justamente al contrario que España es un modelo de integridad pública, dado que la corrupción sólo contamina a las cúpulas de los partidos políticos y los grupos empresariales, siendo un coto privado de la casta dirigente y las hoy llamadas élites extractivas. Y así viene a corroborarlo el nuevo Barómetro Global de la Corrupción 2013 que acaba de hacer público Transparencia Internacional, que evalúa el impacto de la corrupción sobre diferentes sectores institucionales en una muestra de países seleccionados, entre los que figura España. Y de sus datos se deduce que la corrupción española, por comparación con nuestro entorno europeo, afecta sobre todo a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero no en absoluto a los servicios públicos (educación y sanidad) ni a los cuerpos de funcionarios, cuyas cifras de integridad o falta de corrupción son equiparables a las de los países nórdicos, con apreciable ventaja sobre Italia o incluso Francia.

En suma, lo que caracteriza a nuestros servidores públicos no es la corrupción, sino la moral cívica, que les hace anteponer la defensa de los derechos de los ciudadanos a los que prestan servicios por delante de sus propios intereses personales. Nuestros docentes, nuestro personal sanitario, los funcionarios de nuestras Administraciones públicas, no están en venta: ni se venden al mejor postor ni, por tanto, aceptan sobornos. En cambio, los ejecutivos financieros o los empresarios privados sí se venden al mejor postor, y los políticos de partido (o de sindicato) también están en venta, a juzgar por la muy elevada corrupción privada y partidista. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué hay en los intereses privados y partidistas que les permite caer en la corrupción? Sin duda lo hacen porque el fin justifica los medios: en el amor, como en la guerra, todo vale. El amor al poder y la riqueza, pero también la guerra comercial (es decir, la competencia de mercado) y la guerra política (es decir, la lucha por el poder). En la doble contabilidad de Bárcenas, los empresarios donantes se hacen corruptores para adquirir ventaja sobre sus competidores, y los políticos receptores se dejan corromper para adquirir mayor ventaja sobre los partidos rivales.

El problema es que en estos tiempos en que se nos impone por miedo a la crisis el neoliberalismo anglosajón (Escila) o el ordoliberalismo alemán (Caribdis), el imperativo categórico es la sacrosanta competitividad privada. Los neoliberales nos impulsan a privatizar lo público para ganar rentabilidad económica y los ordoliberales nos exigen ajustar el déficit público para ganar racionalidad administrativa. Pero en ambos casos el objetivo es el mismo: la competitividad. Es la nueva regla de oro que también se impone a los servicios públicos, obligados a competir en un mercado libre donde todo se compra y se vende al mejor postor, lo que en la práctica conduce a la corrupción por la vía de la venalidad. Es el destino al que parece conducirnos la liberalización de lo público, cuya moral cívica de servicio al público es sustituida y suplantada por la nueva moral lucrativa de servicio al cliente privado. El problema es que con ello se pueda perder también la integridad pública, en la medida en que parezca un coste deficitario. Pues ese y no otro es el dilema de nuestro tiempo: competitividad venal o integridad de oficio. Se aceptan apuestas.

Enrique Gil Calvo es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.