Cláusulas abusivas

El Tribunal Supremo ha declarado “abusivas” las cláusulas suelo de las hipotecas de tres entidades financieras. La resolución supone un varapalo para una práctica tan conflictiva como extendida. Consiste en fijar un tipo mínimo de interés, que el deudor deberá pagar aunque el tipo de referencia fijado en el contrato (normalmente el euríbor) esté por debajo. Estas cláusulas son abusivas, según el Supremo, porque no son “comprensibles ni transparentes” y porque convierten un préstamo, teóricamente “a interés variable”, en un préstamo “a interés fijo, variable exclusivamente al alza”. La resolución critica la forma en que los bancos las presentan, “entre una abrumadora cantidad de datos” y con un “tratamiento secundario”, es decir, de letra pequeña, cuando se trata de una condición central del préstamo.

Esta y otras resoluciones judiciales recientes sobre diferentes aspectos, como la cuantía de los intereses de demora, revelan hasta qué punto los consumidores españoles se han visto perjudicados por unas prácticas bancarias y unos modelos de contrato desequilibrados en favor del prestamista. El fuerte crecimiento del sector financiero al calor de la burbuja inmobiliaria ha hecho que las consecuencias de estos abusos tengan, ahora que la crisis ha atrapado a cientos de miles de deudores, una dimensión socialmente insoportable. La asimetría es especialmente sangrante en los casos en que se llega al desahucio, algo que la nueva ley de ejecuciones hipotecarias mitiga para futuros préstamos, pero no resuelve para las 200.000 hipotecas en proceso de ejecución.

Sensibles a la indefensión de los deudores, los jueces reunidos en una cumbre celebrada para unificar criterios han acordado, en una loable decisión, que aunque no medie demanda del afectado actuarán de oficio anulando los contratos en los que observen cláusulas abusivas. También los notarios habían acordado, semanas antes, suspender las ejecuciones extrajudiciales de hipotecas abusivas. Es muy saludable que estos profesionales vayan más allá de la aplicación ciega de la ley. Con estas decisiones, demuestran un compromiso social pertinente en las actuales circunstancias. Cabría también esperar del sector bancario un cierto compromiso, con una rectificación urgente, pues aunque algunas entidades aplican códigos de buenas prácticas, el conjunto del sistema está lejos de la responsabilidad social y la transparencia deseables.