Cuidado con el acoso

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha emprendido una campaña de “señalamiento público” o “escraches” destinada a presionar a los diputados para que rompan si es necesario la disciplina de partido y apoyen el contenido de la iniciativa legislativa popular que pretende poner fin al injusto sistema de ejecuciones hipotecarias. La defensa que la plataforma ha hecho de los afectados por los desahucios goza de una gran simpatía y apoyo ciudadano. Precisamente por lo que representa este movimiento y por el crédito que hasta ahora han merecido sus acciones, sería lamentable que el capital político logrado quedara empañado por una campaña que entraña un alto riesgo de salirse de los cauces del respeto democrático.

Frente a los intentos de criminalización de cualquier protesta, y también de las de la plataforma, por parte de ciertos dirigentes del PP, hay que defender la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a manifestarse, incluso de forma directa sobre los representantes públicos, siempre que sea en un espacio y una actividad también públicos. No resulta en cambio legítimo tratar de llevar la protesta al ámbito privado, porque en ese caso la acción afecta de forma injusta a los derechos de terceras personas, como la familia o los vecinos, y supone una intromisión ilegítima en la esfera íntima que fácilmente puede derivar en acoso.

La bondad de esta causa no debe enmascarar el juicio severo que merece en cualquier caso recurrir a un procedimiento que puede ser tan injusto e ilegítimo como lo es el “señalamiento” de un médico que practique abortos por parte de grupos religiosos ultraconservadores, o de periodistas considerados desafectos al poder, como ha ocurrido en otras latitudes. La línea que separa la exigencia pública y personal de responsabilidad y el mero acoso político es muy delgada. Para evitar traspasarla, lo mejor es evitar el riesgo.