Incomunicación

Pese a la gravedad de la crisis política y económica que vive España, la primera parte del debate parlamentario sobre el estado de la nación permitió ayer identificar pocos terrenos de entendimiento entre las corrientes centrales de la política española, el PP y el PSOE, y por tanto arroja muy pocas esperanzas de que sea posible reconstruir consensos básicos. Rajoy —con altura parlamentaria en su primer debate como presidente, ágil en la forma y coherente en la argumentación— está convencido de que su partido dispone de legitimidad para seguir en la misma línea otros tres años, basado en el pronóstico de que, gracias a la gestión desarrollada en sus primeros 14 meses, el país ha recobrado la confianza de los socios europeos y de los inversores, y que los españoles “hoy tenemos un futuro; hace un año, no lo teníamos”.

Uno de los pocos terrenos que quedan abiertos al diálogo es la posibilidad de reformar la Constitución. El presidente ya no se opone a ello: solo subraya la necesidad de seguir los procedimientos legales. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue bastante más lejos al pedir la reapertura del debate constitucional para recoger los platos rotos del Estatuto de Cataluña y favorecer la evolución del Estado autonómico hacia otro de corte federal. Esa es una de las pocas propuestas de la oposición que no recibió un portazo por parte de Rajoy. El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, advirtió por su parte que no habrá solución para España sin resolver “la cuestión catalana” y que para ello hay que reformar cuantas leyes sean precisas, Constitución incluida.

El otro terreno de diálogo posible es el de las medidas contra la corrupción. Rajoy lanzó una batería de ideas y Rubalcaba se las aceptó de entrada, incluso “con carácter retroactivo”; pero le echó en cara que no mencionara el gravísimo problema de corrupción que afecta al PP y que el jefe del Gobierno ni siquiera pronunciara el nombre de Luis Bárcenas, el extesorero por cuya inocencia apostó el propio Rajoy en 2009. Es evidente que la corrupción preocupa a Rajoy también por su repercusión internacional —“no podemos permitir que se escriba de España una leyenda negra”—, pero su credibilidad como campeón de la lucha contra esa lacra es forzosamente limitada.

Anular a la oposición

Por lo demás, si hay que guiarse por lo escuchado ayer, el bloqueo político entre el Gobierno y el principal partido de la oposición está servido. El PSOE denuncia que los propósitos del Ejecutivo suponen la ruptura de consensos básicos respecto a derechos sociales y al modelo en que se basan los servicios públicos, que se ofrece a rectificar tan pronto como vuelva al Gobierno: un enfrentamiento clásico entre poder y oposición, que vuelve a escenificarse en el Congreso como si el grado de emergencia nacional permitiera continuar exhibiendo un partidismo de otros tiempos. La intervención de Rajoy estuvo dirigida claramente a levantar la moral de los populares y convencerles de que su Gobierno tiene razón en todo, aunque los frutos no se vean en lo inmediato.

Hay aspectos políticos preocupantes sobre las relaciones entre el Gobierno y la oposición. Rubalcaba se declara a la espera de que Rajoy decida sobre su solicitud de dimisión, y el jefe del Gobierno responde con intentos de anular a la oposición a base de invectivas hacia su portavoz —que “hace demagogia”, lanza “eslóganes” o es “un desordenado”—, además de negar toda credibilidad a cualquiera de sus propuestas, porque ni él ni su partido hicieron nada desde el poder (o lo que hicieron resultó equivocado) en materias para las que el líder socialista exige ahora “programas de máximos”, ya sean la reforma fiscal o la regulación de los desahucios. Rubalcaba acusó estos golpes con algunos elementos de autocrítica, y a partir de ahí intentó crear las condiciones para rectificar decisiones (o falta de decisiones) de los Gobiernos de Zapatero. Rajoy insistió: “Hay temas en los que es muy difícil que vayamos a coincidir”.

El dato del déficit

El debate económico partió del anuncio de un control del déficit en 2012 hasta situarlo por debajo del 7% del PIB, a pesar de la recesión sufrida. Si finalmente se confirma, habrá que convenir que estamos ante uno de los resultados más sorprendentes en mucho tiempo. La cifra rebasa las exigencias europeas (6,3%), pero Bruselas ya ha emitido señales suficientes de que cualquier guarismo por debajo del 7% será considerado aceptable por las extraordinariamente difíciles circunstancias que han complicado su consecución.

El debate mostró además un amago de viraje en la política económica. Rajoy, aparte de subrayar que las reformas van a continuar “sin perder un minuto de tiempo”, se declaró expresamente a favor de políticas de estímulo del crecimiento, cuando hasta el momento casi todo el empeño estaba situado en el ajuste, el control del déficit y la reducción de los costes de la financiación de la deuda. El problema es que la anunciada “segunda generación de reformas” apenas va a tener efectos decisivos a corto plazo sobre el crecimiento y el empleo. Las reformas de las pensiones y de la energía solo se enunciaron, sin detalles ni plazos. Las medidas un poco más detalladas para favorecer el empleo juvenil (contratos temporales para jóvenes, minijobs, bonificaciones para contratar jóvenes), no son disparatadas, pero serán eficaces cuando se inicie la recuperación económica. La supresión del pago adelantado del IVA para las pequeñas y medianas empresas hasta que hayan cobrado sus facturas se había anunciado antes; y ampliar las líneas del ICO para financiar empresas hasta 45.000 millones poco aportará para inyectarles crédito.

La cuestión de fondo es si están sentadas las bases de una recuperación. Es un pronóstico incierto; con las medidas anunciadas ayer, probablemente necesarias pero no suficientes, no es fácil que el crecimiento de la economía capaz de crear puestos de trabajo se adelante de manera significativa.