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EDITORIAL

Oasis seco

La corrupción económica en Cataluña no resulta inferior a la que se da en toda España

Ayer dimitió el alcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos, por su presunta implicación en la red de corrupción público-privada del caso Mercurio. También ayer fue detenido el alcalde convergente de Sant Hilari Sacalm por su presunta implicación en la red corrupta público-privada del caso Pokemon. El diputado autonómico y exalcalde convergente de Lloret de Mar, Xavier Crespo, ve cómo afloran sus mafiosos apoyos a la mafia rusa. Y la presunta evasión de capitales de Jordi Pujol Ferrusola adquiere tintes de sainete con el espionaje a su antigua novia y a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, presuntamente orquestado por el exsecretario de organización del PSC José Zaragoza.                         

Y además, el secretario general de Convergència y hermano de Jordi júnior, Oriol Pujol, linda con su imputación por una tentativa de modificar concesiones de estaciones de ITV. Antiguos altos cargos de Unió desviaron dinero europeo de la formación profesional a desempleados para financiar su partido. Copilotos de Jordi Pujol padre, como Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, siguen imputados en una corrupción urbanística, presunta, claro está, en torno al exalcalde socialista de Santa Coloma.

Lo anterior es un mero resumen de actualidad. Un resumen indicativo de que la corrupción se ha instalado en Cataluña como una lluvia fina: continua, persistente, pero imperceptible si no se hace un alto y se contabiliza. Cataluña vive inmersa en la corrupción. En realidad, se trata de una afección españolísima, para nada diferente de la que afecta a otros territorios del Estado. Si acaso pueda detectarse un hecho diferencial podría quizá apuntarse a una corrupción de menor intensidad y cuantía. Muchos de los casos mencionados incorporan el triple signo menestral de la medianía, la menor cuantía y la ambición alicorta. Pero esa percepción resulta engañosa. El caso Millet, que corresponde al saqueo del Palau de la Música por más de 30 millones de euros, y que ha provocado el embargo judicial de la sede de Convergència, por ser el partido de Artur Mas presunto beneficiario del monumental robo, apenas tiene nada que envidiar, cuantitativa y cualitativamente, a otros escándalos. Como el Gürtel-Bárcenas, que corroe la presunta honestidad del PP en Madrid y en Valencia, con unas cuentas suizas a las que se desviaron más de 20 millones de euros. O los ERE de la Andalucía socialista, que sustrajeron a los parados decenas de millones de euros.

Contra lo que ha pretendido durante decenios el nacionalismo de Jordi Pujol y Artur Mas y sus voceros subvencionados, Cataluña no es, por desgracia, un oasis en el desierto de la corrupción española. La Cataluña de Pallerols y de Millet es la calcomanía de la España de Tamayo y del Bigotes. La frecuencia en los estallidos de casos de corrupción ha destruido esa coartada.

Para combatir esa evidencia, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha orquestado una patética representación de una presunta voluntad de luchar contra el fraude generalizado, fotografiándose con magistrados, fiscales y defensor del pueblo. Como la inane apelación de Mariano Rajoy a la transparencia de su renta personal, se trata de una maniobra sin poder de convicción. Solo los hechos legitiman. Al lado de Rajoy sigue Ana Mato. Y al lado de Mas sigue figurando la vicepresidenta Joana Ortega que se hizo pasar por licenciada, en vez de mecanógrafa, mientras la ministra alemana de Educación acaba de dimitir por parecida impostura.

Mas y los Pujol pretenden que las denuncias de corrupción buscan socavar nada menos que la causa de la independencia que recientemente han adoptado. Quizás algunos así lo pretendan. Pero es difícil imaginar una Cataluña independiente con ellos al frente más limpia que la que han gobernado durante un cuarto de siglo.

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