Unió asume su culpa

Por vez primera en la historia de la democracia española un partido político, Unió Democràtica de Catalunya, y sus dirigentes directamente afectados reconocen en sede judicial haber cometido un delito de corrupción (ellos) y haberse beneficiado (el partido) en el caso Pallerols. Y por primera vez abonan, en concepto de responsabilidad civil por su financiación ilegal, una cuantiosa reparación, que alcanza los 388.483 euros.

A cambio, los delincuentes, antiguos altos cargos de la Generalitat encabezada por Jordi Pujol y del partido democristiano de Josep Antoni Duran i Lleida, no ingresan en prisión. El fiscal ha accedido a rebajarles la petición de pena carcelaria. Se trata de un tipo de acuerdo muy en boga en otras jurisdicciones, como las anglosajonas, o frecuente en otro tipo de delitos, como aquellos en los que media violencia física.

Las figuras penales en las que los afectados incurrieron y que han asumido sin posibilidad de recurso (las sentencias de conformidad alcanzan firmeza en el momento de dictarse) son malversación de caudales públicos, fraude en las subvenciones y falsedad documental. Y Unió viene a aceptar su doble culpa, como responsable civil subsidiaria de sus dirigentes y como partícipe a título lucrativo de su mal quehacer, al haberse embolsado ilegalmente un buen pellizco de la cantidad defraudada.

Pero la tipificación jurídica de los delitos no da suficiente cuenta, en este caso, de hasta qué punto resultan moralmente rechazables y socialmente repugnantes. La cantidad defraudada, en parte para pagar gastos burocráticos y salarios del partido, se detrajo nada menos que de los fondos para la formación de parados, y en detrimento de los mismos. Además de reconocer y asumir el relato judicial de las prácticas delictivas, la cúpula del partido haría bien en mostrar arrepentimiento ante la ciudadanía por la conducta ilegal activa de cuatro de sus militantes y pasiva de la propia Unió. La responsabilidad política no se agota en la sala y en los pasillos de la Audiencia.

Algunos expresarán su insatisfacción porque estos delincuentes de cuello blanco político se libren de las rejas. Es un lamento comprensible, pero que no tiene en cuenta la dificultad de la prueba (en este caso, muy calibrada por la fiscalía) antes de llegar al acuerdo. Adicionalmente, el derecho penal moderno pretende restaurar el orden material (la devolución del dinero desviado) y fijar la responsabilidad (individual y corporativa) para evitar su repetición, más que articular desquites o venganzas.

La larga duración del proceso, que ha consumido 14 años, ha provocado la queja de la presidenta democristiana del Parlament, Núria de Gispert, “porque esto quema a las personas y a las instituciones”. Correcto. Pero mucho más queman las personas de su partido que metieron mano en la caja de la institución del autogobierno catalán, la Generalitat.